Por
Guillermo Alvarado
La más reciente crisis desatada
por el gobierno del presidente Álvaro
Uribe y sus falsas acusaciones contra
Venezuela sobre la permanencia de
contingentes rebeldes en ese vecino
país, sirve para demostrar
una vez más que si en Colombia
no termina de resolverse el conflicto
armado interno y se alcanza la paz,
será difícil crear
un ambiente de confianza y tranquilidad
en el sur del continente.
Todo apunta, sin embargo, a que
no existe en Bogotá una intención
clara de negociar una salida política
al enfrentamiento con los grupos
insurgentes, sino que más
bien hay sectores guerreristas que
prefieren una internacionalización
del problema.
Estos criterios los refuerzan algunas
opiniones, como las de Jaime Caicedo,
secretario general del Partido Comunista
de Colombia, quien aseguró
que la ruptura de relaciones con
Venezuela le permite a Uribe “tapar”
el escándalo por el descubrimiento
de la mayor fosa común en
el continente, donde están
los cuerpos de unas dos mil personas.
La tumba clandestina está
ubicada en La Macarena, región
ubicada en el departamento de Meta,
muy cercana a un cuartel militar
y sus fotografías no figuran,
por cierto, en el dossier que el
embajador de Colombia ante la Organización
de Estados Americanos, OEA, Luis
Alfonso Hoyos, presentó como
parte de sus presuntas pruebas contra
Caracas.
Para certificar internacionalmente
la existencia de la fosa se convocó
a una audiencia pública,
donde se puso en evidencia la grave
crisis humanitaria en esa zona,
escenario del Plan Colombia y la
política gubernamental de
la Seguridad Democrática.
La situación llevó
en marzo pasado a la Alta Comisionada
de la Organización de las
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Navi Pillay, a presentar
un informe donde revela varios tipos
de violaciones a las garantías
más elementales de campesinos,
periodistas, dirigentes sindicales
y comunidades indígenas y
afro descendientes.
Inclusive algunos medios a los que
por ningún motivo de les
puede considerar sospechosos de
favorecer o simpatizar con la izquierda,
como el Nuevo Herald, señalan
la existencia en Colombia de los
más altos índices
de violencia del planeta, como consecuencia
del conflicto armado.
Ese diario de Miami, vinculado con
la extrema derecha, destacó
que la política de poner
precio a la cabeza de los altos
mandos insurgentes “podría
haberse convertido en un fatal aliciente
para algunos militares, que se dedicaron
a matar civiles inocentes a fin
de cobrar las recompensas, presentándolos
como guerrilleros muertos en combate”.
Evidentemente la guerra es un buen
negocio para el ejército
y el gobierno colombianos y de allí
su insistencia en mantenerla y extenderla.
Dentro de esta lógica se
explica entonces por qué,
cuando apenas le quedaban un par
de semanas para entregar su cargo,
Álvaro Uribe se apresuró
a buscar un nuevo frente contra
Venezuela y porqué su Canciller,
Jaime Bermúdez, se opuso
la víspera en Quito, Ecuador,
a una propuesta brasileña
encaminada a buscar la paz.
Esta actitud del ministro colombiano
de Relaciones Exteriores fue la
que, finalmente, provocó
que la reunión de UNASUR
finalizara sin una declaración
final y forzó a convocar
a una Cumbre Presidencial para discutir
la situación.
No se sabe aún si la cita
se realizará antes del 7
de agosto, fecha de la sucesión
presidencial en el Palacio de Nariño,
pero sería a todas luces
inútil sentar a la mesa de
negociaciones a un gobernante con
ya solo unos días de mandato.
La papa caliente quedará
entonces en las manos de Juan Manuel
Santos, quien muy temprano en su
administración tendrá
que demostrar si quiere la paz o
la guerra y cuál es su verdadero
compromiso con su pueblo y sus vecinos
para vivir en concordia.
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| Fuentes:
RHC, AIN, GRANMA,
TRABAJADORES, JUVENTUD REBELDE, PL,
REUTER, EFE, IPS, ANSA, AFP, XINHUA,
TASS, DPA, AP. |
