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Por Manuel E. Yepe
Tomado
de publicación en MONCADA
La
intensa y prolongada campaña
difamatoria contra Cuba en torno
a la condena de 75 ciudadanos cubanos
hallados culpables por los tribunales
del delito de mercenarismo por actuar
contra su país a cambio de
una remuneración de la Oficina
de Intereses de Estados Unidos en
La Habana, ha tenido una nueva prueba
de su farisaico origen.
Ocurrió
que el subsecretario de Estado estadounidense
para el Hemisferio Occidental durante
el gobierno de George W. Bush, Roger
Noriega, confesó, en un programa
radial, que el entonces Jefe de
la Oficina de Intereses de EE.UU.
en Cuba, James Cason, tenía
instrucciones de su gobierno de
provocar la ruptura de las precarias
relaciones diplomáticas de
Washington y La Habana, establecidas
durante el gobierno del demócrata
James Carter.
El
hecho cobra mayor actualidad por
tener lugar pocas horas después
de que el gobierno cubano anunciara
la liberación de los sancionados
que aún estaban cumpliendo
sus condenas, a resultas de gestiones
de la iglesia católica cubana
y el gobierno de España.
En
declaraciones hechas en Washington
al periodista Roberto Rodríguez
Tejera, del programa radial “Lo
que otros no dicen”, de Univisión
Radio, Noriega expresó que
Cason, en aquel entonces, tenía
instrucciones del Departamento de
Estado de provocar al gobierno de
Cuba para que éste le expulsara.
En respuesta a la actuación
que se pretendía provocar
del gobierno cubano, Estados Unidos
retiraría su representación
en La Habana pidiéndole al
Gobierno cubano que hiciera lo mismo
con su representación en
Washington, precisó Noriega.
Como
resultado de esa intensificación
de la agresividad que promovió
la Oficina de Intereses de los Estados
Unidos cuya motivación solo
ahora es confesada por quien fuera
alto funcionario del Departamento
de Estado, se multiplicaron las
acciones subversivas y demás
actividades ilegales de todo tipo
en Cuba.
El
gobierno cubano, intuyendo o adivinando
las verdaderas intenciones, optó
por proceder legalmente contra los
delincuentes materiales pagados
por la Oficina de Intereses de EE.UU.,
en vez de expulsar al señor
Cason, evidente instigador de lo
que ocurría.
Esto
último habría convenido
a Cason, quien de tal forma cumpliría
con éxito la misión
encomendada por su gobierno de crear
condiciones que favorecieran el
cierre de las Oficinas de Intereses
de los Estados Unidos en La Habana
y de Cuba en Washington.
Fue
así que, ante la complejidad
y gravedad de la situación,
las autoridades cubanas, cumpliendo
su obligación de salvaguardar
la seguridad nacional, procedieron
a ejecutar, entre otras medidas
defensivas y preventivas, la detención
y puesta a disposición de
los tribunales, con todas las garantías
procesales y penales que otorga
la Ley, de varias decenas de individuos.
A 75 de ellos les resultó
probado, mediante evidencias materiales
que no pudieron ser objetadas por
sus abogados defensores, el delito
de mercenarismo previsto por la
legislación cubana vigente.
Todos
servían, con mayor o menor
grado de responsabilidad penal,
a la representación diplomática
de Estados Unidos en La Habana y
cobraban por tales servicios.
A
la campaña mediática
y diplomática contra Cuba
en torno al caso, que ha costado
a los contribuyentes estadounidenses
miles de millones de dólares
en 7 años, se le agregaron
una serie de “sub-campañas”,
como la de las Damas de Blanco (utilizando
a familiares de los sancionados)
y la de los huelguistas de hambre
en las prisiones (que incluyó
el fallecimiento de un preso común,
reclutado en prisión en función
de la operación publicitaria).
El caso de los 75, cuyos protagonistas
eran exclusivamente individuos cubanos
reclutados por Washington para servir
a sus intereses -y no otros-, fue
utilizado para instrumentar acciones
diplomáticas contra la Isla
en terceros países, como
los de la Unión Europea.
El prestigio de la diplomacia del
viejo continente ha sufrido con
ello, por la evidencia de su subordinación
a Estados Unidos.
La
prensa globalizada al servicio de
la superpotencia ha ignorado o silenciado
en todo momento –incluso ahora-
la condición de mercenarios
de los convictos, culpables de un
delito condenado universalmente
por toda nación soberana
y toda persona honesta.
Su
excarcelación tampoco ha
sido del agrado de los beneficiarios
de la “industria del odio”
que administra la ultra derecha
de cubanos radicados en el sur del
estado de la Florida, porque nota
que se le acaba el tiempo, sin más
“héroes” que
los demasiado conocidos, como el
terrorista Posada Carriles y los
congresistas batistianos, cada vez
más desacreditados y más
desconectados de la realidad cubana.
A
escala global, el acto de manumisión
de los 75 también deja también
inconformes a quienes han podido,
gracias a la campaña contra
Cuba en su torno, mamar de la teta
de Washington sin sacrificar a cambio
nada más que sus conciencias
y la dignidad de sus naciones.
La Habana, Julio de 2010.
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