por Guillermo Alvarado

La nueva orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para frenar el ingreso a esa nación de ciudadanos de países con mayoría musulmana fue duramente criticada porque, a pesar de algunos cambios con respecto a una medida anterior, mantiene en esencia su carácter discriminatorio, afecta el derecho de los refugiados a buscar asilo y podría violar la Constitución.

De acuerdo con la ministra de Justicia del estado norteamericano de Massachusetts, Maura Healey, lo que hizo Trump con la actualización firmada a principios de semana no es otra cosa sino "un claro intento de revivir una orden desacreditada y cumplir una promesa de campaña discriminatoria e inconstitucional".

El 27 de enero el recién estrenado jefe de la Casa Blanca emitió una norma donde negaba el ingreso a las personas provenientes de Iraq, Irán, Siria, Libia, Somalia, Yemen y Sudán y rechazaba la acogida a los refugiados sirios que buscan escapar de la guerra, todo ello con el pretexto de luchar contra el “terrorismo islámico radical”.

La disposición levantó una oleada de indignación y numerosos problemas en aeropuertos de varios países donde personas afectadas, que ya contaban con una visa, reclamaron su derecho a continuar su viaje rumbo a Estados Unidos.

El 3 de febrero, un juez federal de Seattle dejó sin efecto esta orden ejecutiva de manera temporal y desde entonces el Departamento de Justicia apeló sin éxito varias veces esa decisión, lo que al final llevó al presidente a emitir una nueva orden.

Lo que cambió en la redacción son muy pocas cosas: se excluyó del listado a Iraq, así como a quienes ya contaban con una visa, pero se mantiene la prohibición de entrar a territorio norteamericano por 90 días a los nacidos en los otros seis países, además de suspender el programa de refugiados en su totalidad durante otros 120 días.

El responsable de justicia de Virginia, Mark Herring, dijo que si bien se dio un pequeño paso atrás, el decreto sigue mandando “un mensaje horrible al mundo, a los estadounidenses musulmanes y las comunidades minoritarias en todo el país, sin ningún beneficio demostrable para la seguridad nacional".

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles anunció que procederá de inmediato ante los tribunales para evitar que la nueva orden entre en vigor, pues aseguró que a pesar de las modificaciones no resuelve el problema fundamental de la primera: "es discriminatoria sobre la base de la religión".

Apelando al principio de reciprocidad, el gobierno de Irán anunció que tras esta nueva medida del presidente Trump, seguirá negando el ingreso de ciudadanos norteamericanos a su país. Sudán lamentó la decisión de la Casa Blanca y recordó que el terrorismo no está vinculado a cierta religión o raza.

La orden ejecutiva, que es más de lo mismo con diferente fachada, es otra muestra de que en materia de inmigración el gobierno de Estados Unidos prefiere mantener la política del avestruz, haciendo verdad aquello de que no hay peor ciego, que el que no quiere ver.