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México y otros países de América Latina se convierten en escenarios incómodos para periodistas

por Roberto Morejón

El cierre del periódico mexicano “Norte de Ciudad Juárez” ante la alegada falta de seguridad de los periodistas puso de relieve la gravedad de un problema extendido en América Latina.

La decisión del dueño del rotativo se concretó también para demandar justicia por el asesinato de la reportera Miroslava Breach, corresponsal en la ciudad de Chihuahua del prestigioso diario La Jornada y colaboradora de otros medios.

La profesional fue baleada después de investigar cómo las bandas de narcotraficantes, de poderosa influencia en México, desterraron de la sierra local a cientos de familias.

Además, Miroslava cubrió durante 20 años asuntos relacionados con la violación de los derechos humanos, abusos policiales, luchas por la tierra en comunidades indígenas y las actividades del crimen organizado.

Su asesinato no constituyó un hecho aislado en México pues fue el tercero durante 2017, todos sumados macabramente a casi 800 denuncias por agresiones contra periodistas en más de seis años en México.

De esas imputaciones, un total de 47 fueron por asesinato, pero solo existen registros de tres sentencias condenatorias, según precisiones de la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

Si bien la situación de los periodistas en México es la más grave, ocurren denuncias en otros países.

Un total de 39 hombres y mujeres de prensa, fotógrafos y otros comunicadores fueron asesinados durante 2016 en siete países de América Latina y el Caribe, donde no existen guerras, como destacó la Federación Latinoamericana del gremio.

La fuente denunció que la mayoría de los profesionales eran de procedencia modesta, por lo general laboraban en provincias y municipios y sus decesos fueron ignorados o se les brindó poca cobertura en los grandes medios, muchos de ellos al servicio de importantes cadenas privadas.

Por lo general, los asesinatos de periodistas en el interior de los países se atribuye a la corrupción política, al poderío de grupos económicos y los carteles de la droga.

Como ocurre en México, en el resto de América Latina la impunidad corona las denuncias de violencia ejercida contra los reporteros y redactores y solo a veces se presenta a un sicario, con gran cobertura de los medios de mayor influencia.

Organizaciones gremiales enfatizan en que las presiones y asesinatos de periodistas provocan impotencia, temor y los conduce a la autocensura, de ahí que se inquieten, sobre todo, por el futuro de esa labor en la rama de investigación, por ser la más amenazada.

La pregonada libertad de expresión de la democracia burguesa está en entredicho por la violencia interna contra la prensa en muchos países.

Editado por Maria Calvo
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