Por: María Josefina Arce
Garantizar cobertura universal del agua limpia y de calidad para todos es un viejo anhelo del gubernamental Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, que desde su llegada al poder en 2009 ha batallado por saldar esa deuda con el pueblo, pero que siempre ha encontrado el férreo bloqueo de los partido de oposición.
Lo cierto es que desde 2012, bajo el mandato de Mauricio Funes, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó un anteproyecto de ley que aún sigue estancado en la Asamblea Legislativa. De igual forma organizaciones sociales presentaron en 2006 una propuesta de Ley General de Aguas, en 2011 y durante 2013 propusieron actualizaciones de la misma.
El actual presidente Salvador Sánchez Cerén en varias ocasiones ha llamado a los diputados a aprobar lo más pronto posible la Ley General de Aguas que permitirá un abastecimiento sostenible para las familias salvadoreñas.
De hecho en abril de 2016 decretó Sánchez Cerén la emergencia nacional por la escasez del preciado líquido, principalmente en la zona central del país, a causa del cambio climático.
Dos meses después, al presentar ante el órgano legislativo el balance de su trabajo en su segundo año de mandato, el presidente afirmó que el cambio climático y la degradación ambiental son factores que impactan en la vida de la nación y un ejemplo de ello es la crisis del agua que afecta a muchas comunidades. “Aprovecho esta oportunidad para solicitar nuevamente a esta Asamblea Legislativa que apruebe la Ley General de Aguas.”, dijo el gobernante.
Pero hasta el momento no se ha logrado nada. La estrategia de los partidos de oposición es privatizar el agua, convertir ese bien común en una mercancía, que por supuesto, no estaría al alcance de todos.
Esta semana comenzarán los debates en aras de aprobar una Ley del agua antes del término de esta legislatura, que será la última de varios diputados conocedores de esta propuesta. Promotores de la iniciativa insisten en que corresponde al Estado, y no a privados administrar el valioso recurso hídrico para garantizar el derecho humano al agua.
En esta vieja batalla también se ha involucrado la iglesia católica. En los últimos días el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar, dijo que secundará una propuesta a la Asamblea Legislativa, colegiada entre diversos sectores de la sociedad, para la regulación pública del agua con participación ciudadana.
De acuerdo con las autoridades medioambientales, El Salvador ha experimentado cinco años consecutivos de sequía, lo que ha llevado a una reducción de los principales caudales, por eso la aprobación de la Ley General de Agua es fundamental también para proteger el recurso hídrico y llevarlo a todos.
Ante la visión mercantilista que sigue imperando en la derecha parlamentaria, sobre todo en el partido ARENA, Alianza Republicana Nacionalista, que ha frenado la aprobación de esa legislación en El Salvador, el gobierno del Frente Farabundo Martí prosigue con su política para ampliar el acceso de la población al agua potable.
En ese camino ha desarrollado varios proyectos hidráulicos, como el que se acomete en la actualidad en el municipio Concepción de Ataco, en el departamento de Ahuachapán, que favorece a unas tres mil personas.
El presidente Sánchez Cerén ha reiterado que para su gobierno el agua “es prioridad y tema de urgencia”, por lo cual se continuará trabajando en proyectos a nivel nacional que garanticen de manera sostenible el abastecimiento, “que es una demanda y un derecho de los salvadoreños”.
