Por: María Josefina Arce

En el 2016 el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la entonces insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo firmaron un histórico acuerdo de paz que puso fin a más de medio siglo de conflicto armado, que dejó 260.000 muertos, 60.000 desparecidos y cerca de siete millones de desplazados.

Aunque para nadie era un secreto el gran reto al que se enfrentaba el país sudamericano, a poco más de un año de suscrito el convenio, la implementación de la paz en Colombia aún presenta muchos puntos débiles que retrasan la gran aspiración del pueblo de vivir en tranquilidad.

Más de 300 intelectuales del mundo expresaron en los últimos días su preocupación sobre cómo marcha el proceso, ante el difícil panorama que viven hoy en día los líderes sociales y defensores de derechos humanos del país.

“Si bien el número de personas muertas en relación con el conflicto armado disminuyó notablemente entre 2012, inicio de las conversaciones de paz y 2016, se multiplican desde la firma del Acuerdo hasta la fecha los asesinatos de defensores de derechos humanos, de líderes sociales y de excombatientes desmovilizados de la otrora Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia”, señala el documento.

La realidad es que más de cien activistas han sido asesinados en los últimos meses. De acuerdo con la organización no gubernamental Somos Defensores, aunque suene paradójico, cuando el conflicto armado interno bajó a niveles históricos y la guerrilla más antigua del continente hizo dejación de sus armas ante la ONU, los asesinatos de líderes sociales se dispararon a niveles alarmantes.

El 2018 empezó también con varios asesinatos, aunque las organizaciones civiles no coinciden en el número este está cercano a 20, en poco más de un mes de transcurrido el nuevo año.

Para los intelectuales resulta inquietante que ante este panorama todavía algunos persistan en negar la existencia de grupos paramilitares en territorio colombiano.

Otro aspecto que preocupa es que si bien el Acuerdo de Paz estipula la creación de espacios para la reinserción a la sociedad de los desmovilizados de la guerrilla, en este aspecto se avanza lento, algo que no es justo pues los rebeldes cumplieron con la dejación de las armas.

En noviembre último el jefe de la Misión Especial de Paz de la ONU en Colombia, Jean Arnault, señaló las carencias del Estado en materia de reincorporación: “No existe hasta la fecha un plan macro de reincorporación, mientras que varios miles de excombatientes vegetan en los 26 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, señaló el funcionario.

La situación no es favorable para que los desmovilizados puedan ayudar plenamente al desarrollo del país, con su incorporación a la vida civil y política, una etapa de suma importancia y que puede afianzar la confianza de los colombianos en el proceso de paz.

Llegar hasta aquí no ha sido fácil. El camino ha estado plagado de desacuerdos , incertidumbre y dudas, pero Colombia a raíz de la firma del pacto de paz abrió una puerta para construir un país mejor y en ese camino deben trabajar todos juntos.

Este año no será fácil pues el país sudamericano entra en su campaña para las elecciones presidenciales, pero no se debe perder el objetivo de continuar implementando una paz tan necesaria y deseada por los colombianos.