Por:Guillermo Alvarado

Cuando parecía que el clima generalizado de violencia que sufre la población mexicana ya era incapaz de provocar asombro, un inverosímil y aterrador crimen sacudió de nuevo a la opinión pública y levantó una oleada de protestas contra las autoridades, incapaces de controlar la situación y ofrecer seguridad a sus habitantes.

Las víctimas fueron tres jóvenes estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara, en el estado de Jalisco, que el 19 de marzo pasado hacían algunas prácticas de cine en la localidad de Tonalá cuando fueron capturados por un grupo de hombres armados, supuestamente miembros de un cartel del tráfico de drogas que opera en esa región.

Esta semana la fiscalía mexicana informó que los muchachos fueron sometidos a crueles torturas, asesinados y sus cuerpos disueltos en ácido porque, presuntamente habían filmado una casa de seguridad de la organización criminal.

Los detalles del asesinato causaron una profunda consternación en una sociedad que desde hace un par de décadas sufre las formas más atroces de violencia.

Figuras del cine mexicano, entre ellas el recientemente laureado con el premio Oscar de la Academia de Cinematografía de Estados Unidos, Guillermo del Toro, así como el actor Gael García Bernal, expresaron su repudio ante este caso.

En un mensaje por las redes sociales del Toro escribió que "Las palabras no alcanzan para entender la dimensión de esta locura, tres estudiantes son asesinados y disueltos en ácido. El ¨porqué¨ es impensable, el ¨como¨ es aterrador".

De inmediato se organizaron manifestaciones en ciudades mexicanas, a las que se sumaron diversos sectores de la sociedad para exigir al presidente Enrique Peña Nieto, y al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, que lleguen lo más pronto posible hasta el fondo de la investigación de la muerte de Javier Salomón Aceves, Marco Ávalos y Daniel Díaz, o presenten su renuncia.

En la capital del país la marcha coincidió durante algunos minutos con un campamento permanente levantado para exigir justicia para otro grupo de estudiantes víctimas de la violencia, los 43 de Ayotzinapa, próximos a cumplir cuatro años de su desaparición sin que sus familiares hayan recibido una explicación satisfactoria sobre cuál fue su destino o dónde están sus cuerpos.

Ayotzinapa es una mancha indeleble en la administración de Peña Nieto, así como la muestra más clara de que el Estado mexicano fracasó ante la violencia desatada cuando el expresidente Felipe Calderón aceptó la imposición de Washington de que ese territorio fuese escenario de una guerra contra las mafias del narcotráfico, que abastecen el mercado de drogas estadounidense, el mayor del mundo.

Como he dicho repetidamente, se trata de una guerra donde Estados Unidos y su gran consorcio militar ponen las armas y las balas para los dos bandos en pugna, y el pueblo mexicano pone los muertos.

Se dice que no hay mal que dure cien años, pero eso no es consuelo para las decenas de miles de familias que lloran a sus seres queridos, que fueron bajas en una guerra que nadie quiere, nadie se explica y nadie parece dispuesto a parar, quizás porque llena muchos bolsillos de quienes la ven desde lujosos despachos, a donde no llegan los tiros.