Por: Guillermo Alvarado

El Estado colombiano traicionó la paz, denunció Iván Márquez, dirigente de las exguerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP, quien enumeró los principales incumplimientos de los acuerdos negociados durante varios años en La Habana y firmados definitivamente en Bogotá.

La dura acusación del líder rebelde está avalada por la difícil situación que se vive en el país sudamericano, donde la violencia, el crimen y la inseguridad son pan cotidiano para la población en las zonas rurales y quienes luchan por la defensa de los derechos humanos y las garantías sociales se juegan la vida con su tarea.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo durante los dos años transcurridos desde la rúbrica de los Acuerdos de Paz fueron asesinadas 358 personas debido a su posición política o por estar vinculadas con las causas populares.

Otras organizaciones sociales estiman, sin embargo, que el número de víctimas es superior a los cuatrocientos y de ellas por lo menos cien pertenecían a las FARC-EP.

Pero esto es apenas una parte del abandono que el gobierno del presidente Iván Duque hizo de los instrumentos que deberían haber traído la reconciliación y la justicia luego de más de medio siglo de enfrentamiento.

Márquez señaló, entre otros temas graves, la modificación que se le hicieron al texto y espíritu de los acuerdos luego de su firma, como ocurrió con el asunto de la Jurisdicción Especial para la Paz, un sistema de justicia creado para castigar delitos graves cometidos durante el conflicto y garantizar la no repetición de los mismos.

De manera irregular, porque no se puede cambiar un texto que ha sido objeto de negociaciones y ya fue firmado entre las partes, se dejó la jurisdicción especial sólo para el ejército y la guerrilla, y quedaron fuera otros actores que tuvieron que ver en el enfrentamiento, como empresarios, terratenientes, bandas armadas y políticos.

Ese tipo de cambios, dice Márquez, ponen en riesgo la verdad, que es lo único que puede sanar las heridas que dejó la guerra.

Tampoco hay ninguna certeza jurídica para los antiguos combatientes, sobre todo luego de la captura de Jesús Santrich, uno de los negociadores de las FARC, y las amenazas de deportarlo a Estados Unidos.

Hay también unos 400 militantes de la guerrilla que estaban en prisión cuando se firmó el pacto y debieron ser liberados de inmediato, pero aún siguen en las cárceles sin ninguna perspectiva de que se solucionen sus casos.

Iván Márquez calificó como un error la dejación de las armas sin haber garantizado antes la plena incorporación a la vida civil de todos los miembros de la insurgencia.

“El Congreso no ha avanzado en temas de participación política, titulación de tierras y reparación de víctimas del conflicto. La Fiscalía no ha querido poner en marcha la Unidad de lucha contra el paramilitarismo”, aseguró el dirigente.

El gobierno del presidente Duque rechazó las afirmaciones de Márquez, pero lo cierto es que dos años después de la firma de los acuerdos, la paz en Colombia todavía duerme, mientras los campesinos, sindicalistas y dirigentes sociales viven una pesadilla cotidiana.