Por: Roberto Morejón

El apoyo del Tribunal Supremo de Justicia, las fuerzas armadas, seguidores del chavismo y ciudadanos defensores de la paz rodearon al primer mandatario constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de que un extremista de derecha se auto-proclamara “presidente encargado”.

El rotundo pronunciamiento de los uniformados en las regiones militares y del titular de Defensa, Vladimir Padrino, redondeó el rechazo de los poderes e instituciones públicas al intento de golpe de estado.

Una masiva concentración popular en Caracas de respaldo al Presidente constitucional, electo en las urnas, y su reconocimiento por el Tribunal Supremo de Justicia como “autoridad legítima” de Venezuela, hicieron más insostenible la posición del títere Juan Guaidó.

Ese fariseo, del beligerante partido Voluntad Popular, se auto-promulgó presidente venezolano con el único procedimiento de alzar su brazo, sin el patrocinio de ninguna institución y seguido únicamente por vociferantes opositores de la derecha, sin autoridad para otorgar nada.

Un gesto insólito, usurpador, violatorio del Derecho fue el asumido por el titular de la Asamblea Nacional opositora, declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia y cuyas determinaciones son, por tanto, nulas.

Solo porque detrás de Guaidó están la administración de Donald Trump, con Pence y Pompeo como puntas de lanza, recibió el llamado “presidente encargado” la atención del poder mediático, al servicio de las corrientes más conservadoras.

Todo estaba diseñado además para que la mayor parte del denominado Grupo de Lima siguiera a la Casa Blanca y le extendiera su manto protector al personaje que “asumió” en Caracas, capaz de alentar una intervención armada.

Pero el político fantoche carece de validez, mucho más cuando el Presidente constitucional NO ha renunciado y goza de buena salud, razones que según el artículo 233 de la Constitución justifican un reemplazo.

Es justo destacar que antes de catapultar a Guaidó en el anómalo escenario de una plaza pública y sin ser electo por un órgano competente o en las urnas, ya se había ensayado otro show similar.

La prófuga ex fiscal venezolana Luisa Ortega encabeza un titulado Tribunal Supremo en el exilio, sin mandato de nadie y cortejada solo por un puñado de turbados antichavistas, la OEA de Luis Almagro y Washington.

A pesar de tantas maniobras, el pueblo, las instituciones públicas y los estadistas dignos electos en el ejercicio del sufragio del 20 de mayo de 2018 son los que dirán la última palabra en Venezuela y NO los renegados y los serviles instrumentos de Pence, Pompeo y de la derecha regional. FIN