Por Oliver Zamora Oria.

Las elecciones generales en México celebradas el pasado domingo son en la práctica el comienzo de una nueva crisis política en el país, quizás de vida más corta comparada a la del 2006, pero igual dejará grandes dudas sobre la transparencia del sistema electoral e instituciones.

Ejemplos. El candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, denunció un fraude masivo con la compra de un millón de votos, la agencia norteamericana AP denunció como miles de personas acudieron el pasado martes a comprar comida con una tarjeta de 500 pesos dada por el partido ganador, y como elemento novedoso, los representantes del movimiento Yo soy 132 decidieron plantarse frente al Instituto Federal Electoral (IFE) para protestar contra el fraude; no se trata de un elemento más, es una reacción social, una muestra de la crisis de legitimidad que tiene el Estado frente a sectores sociales como los jóvenes.

Sin embargo, no debemos esperar que las protestas reviertan el resultado final por varias razones: la mayor cantidad de fraude ocurrió antes del sufragio con la compra de votos y la preferencia de los medios sobre determinados candidatos, esas características hará muy difícil mostrar evidencias contundentes porque quedan en un plano subjetivo difícil de probar; por otra parte, el Instituto Federal Electoral no reconocerá por razones políticas los fallos de sus mecanismos de vigilancia, argumenta una y otra vez que estas fueron las elecciones más vigiladas de la historia de México con alrededor de tres millones de personas supervisando los cientos de miles de centros electorales, y por último, la victoria de Enrique Peña Nieto parece ser una decisión irrevocable cuando las autoridades gubernamentales ya extendieron su felicitación.

El candidato de la izquierda Andrés Manuel López Obrador se encuentra en una encrucijada difícil, desde el punto de vista moral se siente obligado a denunciar las irregularidades por respeto a todas aquellas personas que votaron por su propuesta de país. Si AMLO, como se le conoce por sus siglas, no reacciona ante las evidencias de fraude quedará desprestigiado y como cómplice del sistema corrupto, sin embargo, los medios de comunicación aliados de la derecha podrían establecer la misma estrategia de 2006 cuando mostraron al político como un agitador aferrado a una victoria no lograda; recordemos que según los datos oficiales, los votantes del PAN y el PRI sobrepasaron el 50 por ciento de los votantes que asistieron a las urnas.

A largo plazo, el fraude es un negocio lucrativo para esa élite política mexicana interesada en mantener el estatus quo y no compartir el sistema político con una izquierda progresista como la coalición de Andrés Manuel López Obrador, capaz de echar abajo el proyecto de país neoliberal que pretende por ejemplo, en primera instancia, devorar con el capital privado a la petrolera estatal PEMEX, una de las columnas vertebrales de la economía nacional ¿A qué me refiero cuando digo lucrativo negocio? Pues sencillo, el fraude desmotivará la participación popular en los comicios y los resultados quedarán a merced de esos sectores oligarcas. Esa es la trampa: burlar la ciudadanía y desviar su atención hacia otras cuestiones ajenas a la toma de decisiones políticas. 

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