Por María Josefina Arce

La paz no acaba de materializarse en Colombia, donde se puso fin al conflicto armado de más de medio siglo, pero los secuestros, asesinatos y amenazas de muerte continúan siendo parte de la cotidianidad de ese país sudamericano y prosiguen abandonadas las zonas escenarios de antaños combates.

Es preocupante la fragilidad de la paz, lograda tras años de difíciles conversaciones entre el entonces gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la otrora guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo, hoy devenida partido político.

Poco se ha avanzado desde que se firmara el histórico acuerdo en noviembre de 2016. Su implementación es lenta y con fallas lo que ha llevado a la agudización de la violencia y a la falta de seguridad.

Cada día se reportan nuevas matanzas de líderes sociales y comunitarios en las diversas regiones del territorio colombiano, que estremecen a la sociedad como el asesinato de la activista María del Pilar Hurtado frente a uno de sus cuatro hijos.

Y en medio de este panorama los ex miembros de la fuerza guerrillera, que cumplieron con lo pactado e hicieron dejación de las armas, son ultimados, incluso junto a sus familiares.

En las últimas horas el hoy Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común denunció el asesinato del exguerrillero Servio Delio Cuasaluzán, en el municipio de Ricaurte, departamento de Nariño, con lo que suman ya 134 los ex combatientes exterminados desde la firma de la paz.

En sus perfiles en Twiter dirigentes del Partido Fuerza Alternativa afirmaron que es evidente la sistematización y la falta de garantías para los excombatientes que apostaron por la paz.

En una reunión el pasado fin de semana el Consejo Político Nacional de la FARC responsabilizó al Estado y al gobierno en Colombia por la violencia política ejercida contra su militancia.

Subrayó que esos sistemáticos asesinatos constituyen una flagrante violación del acuerdo negociado en La Habana, en el que el Estado se comprometió a velar por la seguridad física, jurídica y social de los exguerrilleros, tras su dejación de armas.

El hoy partido político ha manifestado que esa violencia contra los ex guerrilleros es resultado de una campaña de estigmatización y de odio contra la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, promovida por la ultraderecha en Colombia.

El mismo presidente Iván Duque ha tenido que reconocer la fragilidad del proceso de paz, aunque en su opinión no está en peligro, a pesar de todos los incumplimientos, la inseguridad reinante en el país y que la mayoría de los asesinatos están todavía impunes.

Por demás, tampoco han llegado a las zonas rurales, escenario antaño de enfrentamientos entre los militares y los rebeldes, los programas sociales estipulados por el acuerdo para su desarrollo económico y social.

Los colombianos se preguntan dónde está esa paz tan necesaria, que llevó años de diálogo, de consensuar posiciones y que hoy parece estar perdida. Urge un real y verdadero compromiso de todos porque la sociedad está cansada de tanta violencia impune y de llorar a los muertos.