Por: Guillermo Alvarado

Cada vez más aislado, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, insiste en comprobar la capacidad de asombro de sus ciudadanos con disparatadas medidas, como la última anunciada que consiste en entregar al sector privado extranjero la Casa de La Moneda, donde se emite el real y otros documentos importantes.

El decreto autorizando la privatización de esta entidad, fundada en 1694 y que es símbolo de la soberanía nacional, fue publicado hace pocas horas y forma parte de un programa anunciado por el gobierno.

Se trata de una decisión de alto riesgo porque pone en manos foráneas situaciones delicadas, como el equilibrio del flujo de papel moneda en manos de la población, un aspecto vital para el desarrollo de la economía.

De acuerdo con el presidente de la Unión Nacional de Monedas, Aluizio Júnior, es una locura poner servicios esenciales en manos de intereses extranjeros y privados.

En la actualidad la Casa de La Moneda tiene la capacidad de imprimir tres mil 500 millones de billetes y acuñar 4 mil millones de monedas cada año, además de producir los pasaportes, sellos y otros documentos.

La polémica medida llega en momentos en que Bolsonaro adquiere una preocupación más, luego del allanamiento por parte de la policía de una vivienda vinculada con el diputado Luciano Bivar, líder del partido Social Liberal, al cual pertenece el presidente.

Bivar está señalado de corrupción debido a que se habría apropiado de fondos destinados a financiar campañas electorales ficticias de varias mujeres de su formación política.

Se trata de una práctica habitual de algunos partidos brasileños, que declaran haber entregado dinero a candidatos “naranjas”, es decir falsos, cuando en realidad lo desviaron hacia sus cuentas personales.

De confirmarse esta acusación sería un golpe más al ya menguado prestigio de Bolsonaro, que hizo de la lucha contra la corrupción un tema recurrente durante la contienda por la presidencia.

Aislado y sin un plan efectivo de gobierno, el jefe de Estado brasileño parece ir a la deriva, mientras el país se hunde cada vez más en una crisis económica y social de muy difícil pronóstico.

João Pedro Stedile, de la dirección nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y de La Vía Campesina Internacional, dijo que en estos momentos hay 13 millones de desempleados y 30 millones laborando en la economía informal, lo que significa casi 50 millones de personas excluidas del proceso productivo.

Un reto para la izquierda y las organizaciones populares, agregó, es debatir y formular un proyecto de país con medidas estructurales para garantizar empleo, alimentos y mejoras de las condiciones de vida de la población, algo que las actuales autoridades han dejado completamente de lado.

Ante la desconfianza creciente hacia Bolsonaro, urge hallar nuevas vías para lograr una efectiva pedagogía de masas, semejante al modelo de la propuesta de Paulo Freire de hacer una educación, como práctica de la libertad.