Por: Roberto Morejón

Aparentemente, el gobierno de Estados Unidos aguarda tranquilamente la inminente votación en la ONU sobre un informe presentado por Cuba para instar a poner fin al bloqueo, pero en Washington, en realidad, parece reinar el nerviosismo.

Dada la prepotencia de las administraciones estadounidenses elevada al paroxismo por la actual, un previsible sufragio adverso a la hostilidad de la gran potencia, resulta intolerable.

Es así que el Departamento norteamericano de Estado presiona a cancillerías de países de América Latina para abstenerse de respaldar el informe presentado por Cuba, cuyo examen ocurrirá esta semana en la Asamblea General de la ONU.

Los intentos de torcer el brazo de diplomáticos de Nuestra América en ultraje de la soberanía e independencia de la región, fueron denunciados escueta, pero contundentemente, por el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.

Al citar el número preciso de naciones exigidas a NO darle la espalda en la ONU a la potencia del Norte, el jefe de la diplomacia del país antillano evidenciaba poseer precisiones.

Es fácil entrever que la agresiva e inescrupulosa diplomacia estadounidense juega hasta cartas sucias para evitar la repetición de votaciones tan aplastantes ocurridas desde hace 27 años.

En ese lapso, la gran mayoría de la comunidad internacional refrendó las resoluciones contra el bloqueo mostradas por Cuba.

La iniciativa fue acompañada de profusos informes sobre el impacto genocida del cerco.

El documento expuesto en 2019 es igualmente pródigo en hechos y estadísticas acerca de un boicot que en 60 años causó pérdidas a La Habana por más de 922 mil millones de dólares.

En el año en curso, el cúmulo de sanciones y asechanzas a transacciones financieras cubanas aumentó febrilmente.

La potencia militar autorizó la aplicación del título III de la Ley Helms Burton para permitir la posibilidad de presentar acciones judiciales en tribunales de Estados Unidos ante demandas presentadas por ciudadanos o entidades contra individuos cubanos o de terceras naciones, vinculados comercialmente con propiedades nacionalizadas en el territorio caribeño.

Pocos días antes de un nuevo voto en la Asamblea General de la ONU, Washington anunció otra cortapisa.

Estados Unidos prohibió al gobierno federal financiar actividades de intercambio educativo y cultural con funcionarios y entidades estatales de Cuba.

Estamos en presencia de una estrategia frenética para asfixiar a Cuba con el empleo de todas las herramientas, incluyendo las político-diplomáticas, como las de chantajear a países de América Latina.

Es de esperar que a pesar de todo, Estados Unidos sufra un nuevo descalabro en la ONU.