Por: Guillermo Alvarado

Son sólo dos entre decenas de fallecidos y heridos graves durante las últimas semanas en América del Sur, pero los jóvenes colombianos Dilan Cruz y Brandon Páez simbolizan la tragedia de los pueblos que levantan la voz y toman las calles para reclamar sus derechos y son acallados de manera brutal por el ejército y la policía.

El primero de ellos, Dilan, murió después de varios días de agonía, tras recibir en la cabeza el impacto de una granada de gas lacrimógeno lanzada por un agente. El día de su deceso coincidió con la fecha en que debía recibir su diploma de bachiller.

Brandon Páez era un joven soldado que por simpatizar con el movimiento estudiantil fue señalado por un superior de ser “disociador” y “extremista de izquierda”, una acusación grave dentro de las fuerzas armadas que lo llevó a quitarse la vida.

En un video grabado antes de su suicidio, dijo que le habían quitado la voz y el voto en el ejército. Expresó su total y pleno apoyo al paro colombiano y aseguró que “como soy soldado y no puedo mencionar esto, he decidido acabar con mi vida para evitar inconvenientes a mis familias y a mis seres queridos".

El presidente Iván Duque y otros funcionarios enviaron mensajes de condolencia a la familia de Dilan, pero en ninguno de ellos expresan la responsabilidad del Estado en su muerte, ni la intención de investigar el hecho y castigar a los culpables.

Muchos mensajes en las redes sociales le recuerdan al gobierno que este joven no murió, sino que lo mataron.

No se tiene noticia de ninguna comunicación a los seres queridos de Brandon y personalmente pienso que no la habrá.

Su suicidio demuestra cómo en estos tiempos resulta prácticamente imposible pertenecer al ejército de ciertos países y conservar al mismo tiempo la conciencia, la dignidad y el honor.

Más bien estamos siendo testigos de una fractura casi esquizofrénica entre las instituciones castrenses y el resto de la sociedad.

Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil y Chile son escenarios de una concepción que parecía superada desde finales del siglo pasado y por la cual los mandos militares y los miembros de la tropa perciben a los civiles como enemigos a los que en caso de necesidad deben eliminar sin el menor reparo.

De no ponerse un alto a esta grave tendencia, pronto veremos horrores como los ocurridos en Guatemala, donde los soldados arrancaban los fetos del vientre de la madre y los sustituían con la cabeza decapitada del padre.

Lamentablemente no son cuentos de horror para asustar a los niños, sino hechos documentados en informes de la ONU y la iglesia católica y que se difundieron con la esperanza de que nunca más volvieran a ocurrir cosas semejantes.

Es lamentable que un joven estudiante salga a exigir mejores servicios de enseñanza y eso le cueste la vida, como lo es que un soldado se vea orillado al suicidio por sus superiores ante el simple hecho de expresar sus opiniones.

Que los militares vean a la sociedad civil como un enemigo irreconciliable, y no como parte del mismo pueblo al que pertenecen, no es casual. Forma parte de un proyecto de dominación venido del norte donde los uniformados juegan el papel de defensores, no de la soberanía e independencia de su patria, sino de los intereses hegemónicos de Washington y las grandes corporaciones transnacionales.