Colombia, tierra violenta

Editado por Maite González Martínez
2020-01-15 08:20:52

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Por: Guillermo Alvarado

Diversas entidades manifestaron su preocupación por la violencia exacerbada en Colombia, donde la cifra de asesinatos se mantiene alta, en particular de activistas por los derechos de comunidades indígenas, defensores del medio ambiente y antiguos combatientes acogidos a los acuerdos de paz firmados en 2016.

Un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz señala que el año pasado fueron ultimados más de 240 dirigentes comunitarios, hombres y mujeres, así como por lo menos 175 miembros de las exguerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP.

La mayoría de estos casos permanece en la impunidad debido a la ineficacia, o indiferencia, de los organismos policiales y de justicia y la ausencia del Estado en lugares remotos, que están en manos de grupos irregulares.

El responsable de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, advirtió durante una reunión del Consejo de Seguridad que unos nueve mil exinsurgentes enfrentan riesgos de seguridad y dificultades para el acceso a servicios básicos, trabajo y oportunidades de educación.

La violencia y la inseguridad constituyen una seria amenaza para la consolidación del proceso de paz en Colombia, señaló el funcionario.

Pero la situación es mucho más grave, si se toma en cuenta un estudio de la Fiscalía General del País, publicado esta semana en el rotativo local El Tiempo, donde se revela que en 2019 murieron seis mil 466 personas a manos del sicariato.

Esto significa un promedio de 17 asesinatos perpetrados por sicarios cada día en la nación sudamericana, una cifra como para preocupar a cualquiera, menos a las autoridades locales, que respecto a este problema parecen aplicar aquellos principios de los llamados “tres monos sabios”: no ver, no escuchar, no hablar.

Debe tomarse en cuenta, además, que el sicariato es responsable de más o menos la mitad de los crímenes violentos en ese país.

Los departamentos más afectados por este problema son Nariño, Medellín, Bogotá, Norte de Santander y Quindió, si bien existen casos en el resto del territorio.

Incluso la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que dirige la chilena Michelle Bachellet, hizo un llamado al gobierno que preside Ivan Duque para poner fin a lo que denominó un ciclo de violencia e impunidad.

Bachellet, bien se sabe, suele hacer la vista gorda cuando se trata de cuestionar a gobiernos afines a Estados Unidos, como ha ocurrido con la administración de Sebastián Piñera, a quien se ha negado a condenar con fuerza por las graves violaciones cometidas en Chile contra los manifestantes.

Sin embargo, parece que las escandalosas cifras de violencia en Colombia sacaron a su oficina del mutismo y, aunque matiza las cifras, debió llamar a contar a Duque y los militares.

Los asesinatos de líderes sociales y comunitarios fue uno de los temas enarbolados en las gigantescas manifestaciones realizadas a finales del año pasado contra el gobierno, junto con la elevada pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades, males ancestrales en una sociedad plagada de desigualdades e injusticias.



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