Por: Guillermo Alvarado
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, agudizó el ambiente de confrontación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en el país centroamericano cuando ordenó al ejército y la policía rodear el recinto de la Asamblea Nacional, donde irrumpió para exigir la aprobación de un préstamo millonario destinado gastos de seguridad.
Ante solo unos 20 diputados, de un total de 84 miembros del parlamento unicameral, el gobernante hizo un insólito llamado a la insurrección contra el legislativo, que fue calificado como un intento de golpe de Estado por las fuerzas políticas de derecha e izquierda.
Luego de hacer una oración, Bukele dio un plazo de una semana para que se apruebe la contratación del crédito por 109 millones de dólares, que serán empleados en la compra de modernos equipos para la policía y las fuerzas armadas.
De acuerdo con el presidente, esto es imprescindible para implementar la segunda fase del Plan Control Territorial, una estrategia para luchar contra las pandillas, conocidas aquí como “maras”, responsabilizadas por los elevados índices de violencia que sufre la población del país centroamericano.
Estos grupos, recordemos, fueron creados en los años 80 y 90 de la centuria pasada por inmigrantes centroamericanos en sectores marginales de ciudades estadounidenses, donde comenzaron a enfrentarse entre sí.
Las autoridades de la nación norteña optaron por realizar capturas masivas y deportarlos a sus países de origen, particularmente El Salvador y Guatemala.
Una vez allí la pobreza extrema, la violencia social y la ausencia del Estado les permitieron florecer hasta controlar determinados sectores, donde se convirtieron en una especie de poder local sumamente violento.
De ser inicialmente mano de obra del crimen organizado, las maras llegaron a integrarse a estas estructuras, lo que las hizo mucho más peligrosas y difícil de combatir, como lo demostró el fracaso de programas como “mano dura” y “super mano dura” utilizados por gobiernos de derecha en El Salvador y Guatemala.
En la actualidad ya no es sólo un asunto de represión policial o militar, como sugiere el presidente Bukele, sino de atención multilateral y cooperación internacional.
Por tanto, desgastarse en una estéril guerra de poderes no hace sino enrarecer el clima social y pone en peligro la frágil institucionalidad salvadoreña, país que vivió una prolongada y sangrienta guerra civil y en la actualidad padece los más elevados indicadores de violencia de toda la región.
Poner en manos del ejército y la policía mejores instrumentos de represión no es la respuesta a una situación que ya rebasó los marcos de la seguridad y se convirtió en un problema estructural grave, no sólo en el llamado Pulgarcito de Centroamérica, sino en varios de sus países vecinos.
La paz social no es un asunto de armas, sino de crear mecanismos de desarrollo económico, dar oportunidades, generar igualdad y, por encima de todo, llevar adelante una verdadera transformación cultural que cambie la mentalidad de la gente y su manera de ver el mundo y la realidad.
