Colombia: La otra epidemia

Editado por Maite González Martínez
2020-03-28 07:49:05

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Imagen ilustrativa, foto archivo.

Por: Guillermo Alvarado

Con cerca de medio millar de casos confirmados de Covid-19, Colombia es uno de los países más tocados en nuestra región por esta pandemia que ha paralizado a buena parte de esa nación, excepto a la violencia contra líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos.

La cuarentena decretada por el gobierno de Iván Duque para frenar la expansión del virus, es inútil contra otra epidemia que desangra a esa sociedad y causa una gran pérdida de vidas.

Durante los últimos días varios dirigentes sociales cayeron bajo las balas de grupos irregulares al servicio de fuerzas oscuras. Uno de los casos que más impactó fue la muerte de Carlota Isabel Salinas, ejecutada a sangre fría en el municipio de Bolívar, en el norte colombiano.

La joven mujer fue una destacada activista en la defensa de los derechos de las féminas durante el conflicto armado interno. Ahora en estos días de cuarentena, participaba en la distribución de alimentos destinados a las familias menos favorecidas.

Hombres armados irrumpieron en su casa, la sacaron, la obligaron a caminar algunos metros y luego dispararon contra ella. Su esposo está desaparecido y también se teme por su vida.

Poco antes los hermanos Omar y Ernesto Guasiruma Nacabera, dirigentes de la comunidad indígena embera, fueron asesinados a tiros y otros dos miembros de la familia resultaron heridos.

En similares circunstancias murió el 19 de marzo Marco Rivadeneira, líder campesino en Puerto Asís, Putumayo.

Como se puede apreciar, los criminales, que gozan si no del amparo, por lo menos de la indiferencia de las autoridades, no descansan ni siquiera en tiempos de pandemia.

Llama la atención que los últimos ataques se perpetraron mientras las víctimas guardaban junto a su familia la cuarentena indicada por el gobierno, un peligroso indicio de que la crisis sanitaria podría ser aprovechada por la extrema derecha para perpetrar una “limpieza social”, mientras el país tiene la atención puesta en otra cosa.

Este año ha sido muy sangriento, pues en menos de tres meses perecieron en circunstancias violentas unos 50 activistas y defensores de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, que se suman a los más de 800 muertos desde la firma de los acuerdos de paz en 2016.

Inútiles resultan los llamados de la ONU y otros organismos internacionales para frenar esta violencia, una epidemia nunca atendida por el gobierno y que causa igual, o más sufrimiento y muerte, que cualquier virus.



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