Los españoles dejan atrás el período más sofocante del verano sin que los contratos adicionales de la época alta del turismo arrojasen un aire fresco al deprimido panorama económico de un país en recesión, agobiado por las exigencias de las instituciones crediticias.

En momentos en que Europa observa con estupor si finalmente España e Italia recurrirán a los fondos de rescate regionales, Madrid espera los resultados de una auditoría para determinar las necesidades de recapitalización del sector financiero.

Todas las previsiones apuntan hacia obligados salvamentos coligados con nuevas exigencias como si los españoles, al igual que los griegos, ya NO estuvieran exhaustos por los agudos recortes de gastos públicos.

La secuela más ostensible de esas drásticas podas financieras se aprecia en el desempleo que en España aumentó en agosto y alcanzó más del 24 por ciento de la fuerza laboral, dicho de otra forma, la cifra de 4 millones 630 mil personas sin ese tipo de vínculo.

La estadística constituyó el revés más reciente para los desesperados e infructuosos intentos del gobierno conservador de Mariano Rajoy de infundir confianza en sus compatriotas.

Antes se había informado que los despidos subieron en el segundo trimestre a pesar del aliento, insuficiente, de la temporada turística de verano.

Con 53 por ciento de desocupados entre los jóvenes, España es escenario de una incipiente emigración de fuerza calificada que, entre otras prisas considera, con razón, que hasta los subsidios por el paro están destinados a zozobrar.

Como en los primeros siete meses del año el gasto en prestaciones por desempleo creció 5,4 por ciento, por encima de lo previsto, el gobierno apeló a su herramienta predilecta, el recorte.

Ya se implantó un rígido procedimiento de ajuste de las prestaciones que incluye el alza del Impuesto al Valor Agregado.

Cumplen así cordialmente las autoridades las instrucciones del Banco Central Europeo a los países con altas tasas de paro para  rebajar los costos laborales, sugiriendo nuevas rebajas de los deprimidos salarios.

Tanto fuera como en el interior de España cierran filas los paladines del dogma de la austeridad, defensores de que sólo si se exprime a la base podrá rebajarse el agudo déficit público de 8,9 por ciento en 2011 a 6,3 por ciento en el 2012.

Como casi nadie queda por comprimir, ahora el turno llegó a los inmigrantes irregulares, con el acceso prohibido a los servicios públicos de salud.

Los extranjeros sin papeles ya sufren el rigor del desempleo que entre ellos se sitúa en el 40 por ciento.

España agota las iniciativas para retirar financiamiento público, pero se avizora que el gobierno NO tendrá descanso en medio de protestas que amenazan con proseguir, quizás de forma virulenta, poniendo a prueba el alegado compromiso del gobernante Partido Popular con los derechos humanos.  FIN

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