Protestas en Guatemala. Piden la dimisión del presidente. (AP)

Por: Guillermo Alvarado

Guatemala vivió un fin de semana intenso, cuando cientos de miles de personas en casi todo el país salieron a las calles a protestar contra el presupuesto de la nación para 2021, aprobado por el Congreso de la República tras la propuesta hecha por el presidente Alejandro Giammattei.

Desde hace meses el clima político es tenso en el país centroamericano debido a la desconfianza de la población en las autoridades, a las que se acusa de usar de manera inadecuada los recursos públicos.

La ira se rebalsó cuando se conoció que en una reunión secreta realizada en la madrugada del miércoles reciente, los diputados dieron luz verde al proyecto del ejecutivo que tiene grandes recortes a los gastos de educación, salud, gestión de los derechos humanos y asistencia social.

En cambio, se incrementaron renglones que tradicionalmente son fuente de corrupción, como las obras de infraestructura, por lo general extraordinariamente caras y muy deficientes.

Disminuir la inversión en salud en un país sumido en una grave crisis sanitaria debido a la covid-19, que ocasionó ya casi 120 mil contagios y 4 mil fallecidos, según cifras conservadoras, y sufrió el azote de los huracanes Eta e Iota, fue considerado por muchos como un acto criminal.

El presupuesto de un Estado es, como se sabe, el retrato más exacto de la orientación del gobierno de turno. La forma en que se invierten los recursos revela, más allá de los discursos, cuáles son las prioridades, los intereses supremos de quienes fueron elegidos por la población para administrarlos.

Un hecho que llamó mucho la atención en las protestas del sábado en ciudad de Guatemala fue el incendio de una parte de la sede del congreso, supuestamente causado por manifestantes exaltados y violentos.

Hay imágenes que recorren las redes sociales donde se observa a un pequeño grupo, no cientos o miles como dicen algunos medios de información, que rompieron unas ventanas para arrojar sustancias inflamables al interior del inmueble, con la policía parada a dos o tres metros de distancia.

Los agentes no hicieron absolutamente nada para impedir el acto vandálico, que sirvió de excusa al presidente Giammattei para justificar la represión y amenazar con castigos severos contra quienes protestan.

Se trata de una crisis política en desarrollo y con un final imprevisible. Horas antes del comienzo de las marchas el vicepresidente, Guillermo Castillo Reyes, hizo una declaración pública pidiéndole al jefe de Estado que ambos presentaran su renuncia para conjurar la indignación popular.

La fractura en la dupla de gobierno añade nuevos elementos a una situación que se agrava porque, como reza el refrán popular, tanto va el cántaro al agua, hasta que por fin se rompe.