Foto/ AFP /Raúl Arboleda

Por: Roberto Morejón

Desde antes de la pandemia por el nuevo coronavirus, en Colombia reinaba un ambiente de tensión social, a causa de la desigualdad en los ingresos de los diversos sectores de población y altos índices de asesinatos e impunidades.

El SARS-Cov-2 en sus diferentes oleadas y los obligados confinamientos acentuaron los contratiempos de los comerciantes, trabajadores informales y empleados de empresas y negocios privados.

Esta misma semana regresaron las protestas cuando miles de personas en quiebra se movilizaron en las principales ciudades de Colombia.

Allí se opusieron a los nuevos aislamientos impuestos en medio de incrementos de casos por la pandemia.

Muchos de los reclamantes demandaron poder abrir sus negocios y acudir a las calles a realizar sus prestaciones informales.

Recordaron que cerca de 58000 establecimientos comerciales pusieron fin definitivamente a sus ventas el año pasado.

No es de extrañar entonces el alza de solicitudes de ayudas al gobierno, pero las respuestas son parciales.

Con casi 50 millones de habitantes, y una informalidad del 47 por ciento, el Estado colombiano auxilió solo a la quinta parte de la población.

La vida se ha vuelto entonces insoportable, mucho más porque el desempleo urbano afecta a 15 por ciento de la fuerza laboral activa.

En ese contexto, los colombianos recurren a las protestas, si bien la pandemia los obliga a espaciarlas, aunque a pesar de ello reciben respuestas represivas.

Organizaciones sociales y sindicales acusan a las autoridades de criminalizar las demostraciones pacíficas.

La policía y sobre todo los cuerpos especializados emplean mano dura.  

De forma paralela lo hacen los grupos paramilitares que actúan bajo la indiferencia de las autoridades.

Casi 250 desmovilizados de las otrora insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fueron asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz.

Con casi un asesinato por día de líderes sociales y personas en trámites de reincorporación y dos masacres por semana de líderes comunitarios, los colombianos sufren una escalada de terror.

La violencia y la ruina económica de las familias se asocian, sin que el gobierno atienda los efectos y trabaje por la concordia política.

Por el contrario culpa a otros por la crisis, inventa conspiraciones y ocupa su agenda en pronunciar una oratoria incendiaria contra la vecina Venezuela.