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Familiares de estudiantes mexicanos desaparecidos entre la decepción y la desconfianza

por Guillermo Alvarado

El caso de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos hace más de cuatro meses en el estado de Guerrero dio un nuevo giro cuando la Procuraduría General de la República publicó la versión oficial de que fueron asesinados e incinerados en un basurero, lo cual, según el gobierno, pone fin a la indagatoria.

La “verdad histórica” con que el procurador, Jesús Murillo, pretende cerrar el proceso causó una profunda decepción entre los familiares de los jóvenes, originarios de la localidad de Ayotzinapa, quienes fueron detenidos por policías municipales y presuntamente entregados a una banda vinculada con el narcotráfico.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas, como se conoce en ese país a quienes estudian para ser maestros, aseguró que hay por lo menos diez puntos pendientes de esclarecer antes de darle carpetazo a las investigaciones, entre ellos si hubo participación de elementos del ejército en los hechos.

Desde 2003 está abierta una investigación sobre eventuales nexos entre miembros del cuerpo armado con el cartel conocido como “guerreros unidos”, la cual aún no ha concluido, agregó Rosales.

Los familiares también rechazaron la validez científica de las pruebas aportadas por la Procuraduría y se disponen a acudir a entidades internacionales, como el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU que en los primeros días de febrero evaluará la actuación de México en esa materia.

Además, desconfían de la velocidad con que el gobierno está tratando de voltear la hoja sin llegar hasta el fondo del asunto, que es la colusión con el crimen organizado de algunas autoridades municipales, estatales y federales.

En México es historia corriente la penetración en distintas esferas del poder de las bandas del narcotráfico, que utilizan sus enormes recursos financieros para comprar voluntades a placer.

Todavía resuena el escándalo desatado cuando el general Jesús Gutiérrez Rebollo, Comisionado Nacional para el Combate a las Drogas, fue detenido en 1997 cuando se descubrió que ofrecía protección al capo Amado Carrillo Fuentes.

El propio gobernador del estado de Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes, Ángel Aguirre, fue señalado con frecuencia por sus supuestos nexos con el narcotráfico, que habría financiado su campaña electoral de 2010.

Aguirre fue separado del cargo, pero el problema sustancial sigue vigente, y es cómo evitar el poder corruptor del crimen transnacional, que da lugar a estas tragedias.

Una buena pista sería, quizás, cambiar el enfoque de la lucha contra el narcotráfico y llevar el combate al territorio estadounidense, donde está el principal mercado de consumo del mundo y de donde provienen los recursos financieros, y también las armas, utilizadas por los grupos criminales en los países de producción y tránsito de estupefacientes. Desaparezca la demanda, y desaparecerá también la oferta, una ecuación sencilla pero, al parecer, muy difícil de comprender.

 

Editado por Maria Calvo
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