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Pactos Comerciales que son secretos a voces

Por: Guillermo Alvarado

La reciente publicación en el portal de Wikileaks de unos 17 documentos vinculados a las negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios, TISA, por sus siglas en inglés, sacó de nuevo a flote el tema del secretismo impuesto a los pueblos sobre pactos o tratados internacionales que se están construyendo a espaldas de la opinión pública, incluso de países considerados como desarrollados.

Según los datos filtrados hasta el momento, el TISA abarca a unas 50 naciones y afectaría al 62 por ciento del comercio mundial en la esfera de los servicios, entre ellos la salud, la educación, la justicia, el abastecimiento de agua, electricidad y las comunicaciones, incluidas las más recientes tecnologías digitales.

En esencia, este acuerdo pretende eliminar por completo la presencia del Estado en estas actividades y supeditarlo al accionar de grandes corporaciones transnacionales, lo cual conllevaría la desaparición del concepto tradicional de servicio público y dejaría al usuario completamente a merced de los caprichos del mercado.

Llama poderosamente la atención que un tema tan importante, capaz de afectar la calidad de vida de cientos de millones de personas, se esté discutiendo a puertas cerradas, un método propio de conciliábulos medievales, cuando el destino de la gente se decidía en oscuros salones.

El TISA no es un caso aislado, pues de la misma manera opaca y secreta se abordan otros temas, como por ejemplo el Tratado Trasatlántico de Libre Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, actualmente en proceso de negociaciones.

Washington logró que el bloque europeo aceptase la condición de discutir punto por punto en total secreto, en uno y otro lado del Atlántico, sin duda alguna para evitar las protestas de los pueblos por la manera en que se estaría dando carpetazo a conceptos como soberanía y derechos nacionales.

En el capítulo referido a la solución de controversias de ese acuerdo se establece el peligroso principio de que en caso de litigio de intereses, las grandes corporaciones privadas pueden demandar a los Estados que se nieguen a aceptar sus imposiciones o, a su juicio, obstaculicen su expansión o actividades.

La norma daría lugar, por ejemplo, a que la estadounidense Monsanto llevase ante los tribunales a países europeos, como Francia y Alemania, entre otros, que se oponen a comercializar semillas genéticamente manipuladas, o a utilizar pesticidas de esa marca que afectan el medio ambiente y la salud de personas y animales.

En tales condiciones sería moneda corriente ver en la desarrollada Europa casos como el de la petrolera Chevron-Texaco, que acusa al Estado de Ecuador para intentar así evadir su responsabilidad por la destrucción de miles de hectáreas en la Amazonía y el daño ocasionado a las poblaciones locales, víctimas de enfermedades como el cáncer y las malformaciones genéticas.

No es para nada extraño que tanto Washington como las grandes corporaciones prefieran que estos temas permanezcan lejos del oído y el ojo públicos, aunque por fortuna, gracias precisamente al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, hoy día se trate de secretos a voces, objetos del repudio generalizado.

 

Editado por Maite González Martínez
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