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Gobierno guatemalteco toca fondo por escándalo de corrupción

por Guillermo Alvarado

La detención hace pocas horas de la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, y las imputaciones directas de corrupción contra el jefe de Estado, Otto Pérez Molina, hacen que ese gobierno toque fondo y su viabilidad esté seriamente cuestionada, cuando faltan apenas dos semanas para las elecciones generales en ese país centroamericano.

La revelaciones conjuntas del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, pusieron contra la pared al ejecutivo, que desde abril pasado es objeto de rechazo por amplios sectores de la población.

Una muestra de ello es que al difundirse la noticia del arresto de Baldetti cientos de personas salieron a las calles a celebrar y un nutrido grupo se situó frente al Palacio Nacional, sede del gobierno, para exigir la renuncia de Pérez Molina.

Ambos fueron señalados de encabezar una banda que sustrajo varios millones de dólares de la Superintendencia de Administración Tributaria, entidad encargada de recaudar los impuestos y, supuestamente, luchar contra la evasión y fraude fiscal.

Otros delitos fueron cometidos en el Instituto de Seguridad Social, donde se otorgaron contratos a empresas privadas a cambio de elevadas comisiones. Uno de estos fraudes costó la vida de varios pacientes con insuficiencia renal porque los tratamientos administrados por una farmacéutica no cumplieron los parámetros indispensables para garantizar su salud.

Hasta el momento varios de los más cercanos colaboradores del presidente guatemalteco están en prisión o son sometidos a investigación judicial, entre ellos el esposo de su hija.

La víspera el Ministerio Público guatemalteco pidió a la Corte Suprema de Justicia que someta a Pérez Molina a un antejuicio para despojarlo de la inmunidad inherente a su cargo y se le pueda llevar ante los tribunales.

Asimismo, la cúpula empresarial, uno de los principales factores de poder en ese país, exigió la renuncia inmediata del primer mandatario, lo cual hace pensar que sus horas en el cargo podrían estar contadas.

A pesar de la profundidad del malestar social, las autoridades electorales insisten en celebrar los comicios generales del 6 de septiembre, donde se elegirán nuevo presidente y vicepresidente, diputados al Congreso de la República y al Parlamento Centroamericano, y alcaldes de todos los municipios.

Opositores a la cita con las urnas argumentan que se trata de una crisis de Estado, y no sólo del gobierno, por lo que hacen falta cambios estructurales, como el nombramiento de un ejecutivo provisional, la disolución del Congreso y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Carta Magna.

Solo así, aseguran, Guatemala podrá superar los problemas NO resueltos durante el conflicto armado interno de 36 años de duración, y poner en práctica los acuerdos de paz, única hoja de ruta para conseguir el desarrollo con justicia social, inclusión y armonía.

Editado por Maria Calvo
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