Bogotá, 17 jul (RHC) La fumigación con glifosato como estrategia defendida por el Gobierno frente a la extendida área de plantaciones de coca, es cuestionada en Colombia por los daños al medio ambiente y a la alimentación de las familias indígenas y afrodescendientes.

El tema volvió a tomar fuerza pues la Corte Constitucional podría pronunciarse hoy sobre si se permite o no que se reanuden las aspersiones aéreas con glifosato.

Desde los departamentos del Chocó y Nariño, en la región del Pacífico colombiano y donde radican grandes plantaciones de coca, representantes de las comunidades cocaleras e indígenas rechazan esa modalidad de erradicación de los cultivos ilícitos e instan a priorizar la sustitución voluntaria de los sembradíos, tal como contempla el Acuerdo de Paz.

Especialistas en la materia han alertado que el glifosato ocasiona enfermedades de diferente tipo en los seres humanos y destruye la naturaleza.

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018) decidió suspender las fumigaciones con el cuestionado herbicida, tras dictamen de la Corte Constitucional de 2015.

Sin embargo, dos meses antes de finalizar su gobierno, en junio de 2018, el exmandatario anunció que Colombia volvería a utilizar el glifosato con drones a baja altura.

Por su parte la administración del presidente Iván Duque se ha mostrado partidaria de reanudar la aspersión con glifosato, al considerarlo una vía efectiva en la erradicación de las plantaciones de coca, estimadas en más de 170 mil hectáreas en todo el país.

Obispos católicos de la frontera colombo-ecuatoriana manifestaron recientemente su rechazo al regreso de las aspersiones con glifosato, y subrayaron que en muchos casos la presencia de sembradíos de coca es consecuencia del abandono en que viven sumidos los habitantes de estas regiones.