Aprueban ley contra el paramilitarismo en Colombia

Editado por Nuria Barbosa León
2017-08-29 21:26:29

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Bogotá, 29 ago (RHC) La Cámara de Representantes de Colombia aprobó con 99 votos a favor y 10 en contra la prohibición constitucional del paramilitarismo.

En la nueva ley quedó aprobado y a través del mismo "se dictan posiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado".

"El paramilitarismo es un flagelo que ha sacudido la historia del país desde hace décadas como una política del desdoblamiento del Estado en organizaciones que sembraron el terror", argumentó el senador Iván Cepeda.

Para el director de Indepaz, Camilo Gonzalez Posso, es necesario "consagrar un pacto de adiós a las armas en la política y en los negocios para que Colombia tenga un cierre al periodo de violencia sistemática y de guerra".

El director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, respondió al argumento de algunos detractores de la propuesta que aseguraron que prohibir el paramilitarismo sería un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado. A ello Gallón respondió que a ningún Estado lo condenan porque prohíba en su Constitución un hecho atroz que ocurrió en su territorio.

Cerca de 70 organizaciones de Derechos Humanos aseguran que el paramilitarismo se convirtió en una práctica sistemática que dejó miles de víctimas en su accionar por el territorio nacional, además de ser una amenaza latente y actual dado el número de defensores de DD.HH. asesinados y las evidencias de presencia de estos grupos en amplias regiones de la geografía nacional.

La prohibición del paramilitarismo es "indispensable para estimular el desarrollo de una sólida política estatal en la materia", aseguraron las organizaciones y agregaron que el paramilitarismo "tuvo su origen en el Estado que lo ha prolongado como instrumento de discriminación por las opiniones políticas y las acciones de reivindicación de derechos y su impacto a lo largo de varias décadas".

El mencionado fenómeno "afecto al país en términos humanitarios, económicos y políticos, deteriorando los bienes jurídicos pilares de una sociedad democrática", culminan las organizaciones.



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