Madrid, 9 nov (RHC) Seis legisladores catalanes declaraban el jueves ante un juez español, por las acusaciones de que ignoraron las órdenes del Tribunal Constitucional español.
La presidenta de la cámara autonómica, Carme Forcadell, fue la primera en declarar ante el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y dos fiscales.

Al igual que otros cinco miembros de la mesa del Parlamento catalán, la funcionaria afronta posibles cargos de rebelión, sedición y malversación, delitos que según la legislación española podrían suponer penas de prisión de hasta 30 años.
La justicia española decretó hoy prisión eludible bajo fianza de 150 mil euros para la presidenta del parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, por cargos relacionados con el proceso secesionista en esa comunidad autónoma.

De esta forma, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena rebajó la petición de la Fiscalía, que solicitó prisión incondicional tanto para Forcadell como para otros tres miembros (Lluís Corominas, Lluís Guinó y Anna Simó) de la Mesa, órgano rector de la cámara catalana.

Para esos tres y para Ramona Barrufet, para quien el fiscal reclamó cárcel eludible tras el pago de 50 mil euros, el magistrado de la máxima instancia judicial en España ordenó libertad con fianza de 25 mil euros y les dio una semana de plazo para abonarlas.

Quedó en libertad sin fianza el sexto de los parlamentarios, a los que la Fiscalía General del Estado acusó de rebelión y sedición por su supuesta responsabilidad en la declaración de independencia de Cataluña, aprobada el 27 de octubre por el parlamento regional.

Durante su declaración ante el juez instructor, Forcadell defendió que como presidenta del parlamento no tiene “libertad para impedir votaciones” y que no se puede censurar previamente el debate parlamentario, relató un portavoz suyo.

En líneas generales, la defensa intentó restar importancia a la declaración de independencia, señalando que no tuvo “efectos jurídicos”, según informaron fuentes presentes en el interrogatorio.

Por los mismos delitos, la Audiencia Nacional envió hace una semana a prisión incondicional sin fianza a ocho antiguos consejeros (ministros) del cesado gobierno de Carles Puigdemont.

La querella de la Fiscalía contra Forcadell y los cinco legisladores fue presentada ante el Supremo toda vez que los concernidos gozan de aforamiento, es decir, deben ser juzgados en un tribunal distinto que un ciudadano de a pie.

Puigdemont y otros cuatro miembros de su gabinete evitaron por ahora la cárcel al viajar hace 10 días a Bruselas, donde están pendientes de la decisión de la justicia belga sobre una orden de extradición emitida por España.

En el caso del líder independentista y los colaboradores que lo acompañan en Bélgica, al estar ya destituidos, la demanda se presentó ante la Audiencia Nacional.