Bogotá, 19 may (RHC) El atentado contra el exministro de Interior Fernando Londoño y la desactivación de una carro bomba, a la par que entraba en vigencia un tratado de libre comercio con Estados Unidos, signaron una agitada semana noticiosa en Colombia.

Ambos incidente ocurrieron en esta capital el mismo día, el martes último, y generaron pánico en la sociedad, mientras no se tiene claro quienes podrían estar detrás de los hechos en medio de una avalancha de especulaciones e hipótesis.

En el atentado, ejecutado mediante un complejo artefacto explosivo, resultó herido Londoño, mientras dos de sus escoltas murieron y un centenar de personas sufrió lesiones.

Paralelo a estos hechos, entraba en vigencia un polémico tratado de libre comercio con Estados Unidos, lo cual desató varias protestas en país, en algunos casos fuertemente reprimidas.

Para la Central Unitaria de Trabajadores ese acuerdo afecta a los obreros en la industria y el agro, pues no se da en términos de igualdad, al tiempo que los estudiantes consideran que perjudica la calidad de la educación en el país.

Varios sectores productivos ven con preocupación la entrada en vigencia del tratado, pese a las declaraciones optimistas del gobierno.

Asimismo, esta semana la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que establece un marco legal para la paz en el país y que permitiría una eventual negociación con grupos armados.

El proyecto fue ratificado con 126 votos a favor y cuatro en contra, y ahora deberá pasar a los dos últimos debates en Senado de la República.

 Para el gobierno esa norma dotaría al mandatario de las herramientas necesarias para buscar un eventual cese del conflicto armado interno mediante una negociación con los grupos armados.

 Sin embargo, esa iniciativa es fuertemente rechazada por un sector poderoso de la derecha, entre quienes se encuentran Londoño y el expresidente Álvaro Uribe.

 Otro acontecimiento que sorprendió fue captura del exretenido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Sigifredo López, por su presunta responsabilidad en la retención y posterior muerte de 11 diputados en hechos ocurridos entre 2002 y 2007 y aún por esclarecer.

 A su vez, el exdiputado también deberá responder por la muerte de un policía, cuando un grupo de las FARC retuvo en la Asamblea del Valle del Cauca a los diputados, incluido López, en 2002.

 López    único sobreviviente de ese incidente- niega las acusaciones y aseguró tras su liberación que no murió en esa acción junto a sus compañeros porque no estaba en ese momento en el campamento guerrillero donde sucedieron los hechos.

 No obstante, la Fiscalía sostiene que tiene más de 20 pruebas que lo incriminan, argumentos que han conmocionado a la sociedad ante la gravedad de las acusaciones y lo desconcertante del caso.

 Por otra parte, esta semana también fue noticia la orden de detención contra 70 políticos acusados de establecer pactos con grupos paramilitares.

 Acorde con el ente acusador, los procesados mantuvieron vínculos con el extraditado jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Rodrigo Tovar, alias Jorge 40.

 Con ese grupo ultraderechista los encartados firmaron los denominados pactos de Chivolo y Pivijay en el departamento de Magdalena, mediante los cuales obtuvieron apoyo de las AUC en la región para las elecciones de 2002.

 Hasta el momento se desconoce el cargo y calidad política de cada uno de los capturados, aunque el fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, refirió que se trataría de concejales, diputados y gobernadores, entre otros.

 Asimismo, esta semana también se conoció la disposición de las FARC de entregar a una comisión humanitaria al periodista francés Romeo Langlois, retenido desde el pasado 28 de abril.

 

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