Quito, 30 oct (RHC) La jueza Karina Martínez rechazó una acción de protección solicitada por el equipo de la defensa del australiano Julian Assange, asilado en la embajada de Quito en Londres desde 2012.
La decisión implica que el ciberactivista deberá apegarse a las condiciones impuestas mediante un Protocolo especial, dictado recientemente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en el cual se establecen requisitos de cumplimiento obligatorio para mantener la condición de asilado, informa Prensa Latina.
El fallo fue desaprobado por Carlos Poveda, representante legal del fundador del portal digital WikiLeaks, donde se divulgaron miles de documentos clasificados con actos irregulares de varios gobiernos, en especial, de Estados Unidos.
El letrado consideró la determinación como infundada, anunció que apelarán y recordó la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano con el tema de protección a Assange.
Durante la diligencia, el australiano, mediante videoconferencia y con la ayuda de un traductor, hizo referencias a una posible campaña de desprestigio por parte del gobierno nacional, para poner fin a su condición.
Señaló que su situación actual es muy difícil.
Al finalizar la audiencia, de unas seis horas en el Complejo Judicial Norte, el canciller José Valencia, reafirmó a medios de comunicación que el Protocolo Especial aplicado a Assange, detonante del pedido de su defensa, se materializó sobre la base del respeto al derecho internacional.
'La resolución de la jueza refleja esa perspectiva', aseguró el titular de Exteriores y Movilidad Humana.
El procurador del Estado, Iñigo Salvador, rechazó la idea de que Ecuador pudiera estar influenciado por otras naciones, en su toma de decisiones.
El Protocolo Especial recoge en 10 páginas los requisitos que debe cumplir el asilado para mantenerse en la misión diplomática ecuatoriana en Londres.
Las condiciones impuestas y de estricto cumplimiento, incluyen un régimen de visitas, disposiciones en cuanto al uso de las comunicaciones, así como para su atención médica.
El ciberactivista deberá además encargarse de los pagos de su alimentación, de los servicios básicos, como la lavandería, así como por sus requerimientos de salud y atención, dispuesta cada tres meses.
De acuerdo con su defensa, el mayor riesgo que enfrenta Assange es ser extraditado a Estados Unidos, donde podría ser juzgado y condenado por difundir documentos clasificados sobre la administración de Washington.
(Prensa Latina)
