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Revisará comité de la ONU contra desapariciones forzadas la situación de México

El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas informó que el próximo mes revisará la situación de México,

El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas informó que el próximo mes revisará la situación de México,

Naciones Unidas, 28 ene (RHC) El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas informó que el próximo mes revisará la situación de México, uno de los 44 Estados que ratificaron la Convención para proteger a las personas de ese crimen.

De acuerdo con una nota de prensa, se reunirá el órgano compuesto por diez expertos independientes en derechos humanos en la ciudad suiza de Ginebra, del dos al trece de febrero, donde en dialogarán con la delegación gubernamental mexicana, la cual está obligada a presentar un informe al Comité.

La revisión tendrá lugar en un complejo contexto para México, por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, quienes desaparecieron el último septiembre, en esa localidad del estado de Guerrero, y al parecer fueron asesinados e incinerados.

Familiares de las víctimas anunciaron que acudirán al Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para denunciar los hechos violentos de Iguala y rechazaron el cierre de las investigaciones en torno al caso.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, Luis Raúl González, advirtió que el caso de los normalistas desaparecidos en Igual no puede ser cerrado por las autoridades.

"El expediente de Ayotzinapa (donde se ubica la escuela rural normal donde estudiaban los jóvenes) para la CNDH sigue abierto", puntualizó.

Sostuvo que lo sucedido en Iguala, municipio de Guerrero, indigna y agravia a todos los mexicanos y obliga a buscar la verdad de estos acontecimientos, a fin de que los responsables sean señalados, puestos ante la autoridad y sancionados conforme a derecho.

Al presentar el informe anual de actividades de la CNDH ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, González justificó las manifestaciones de apoyo y solidaridad a las víctimas de Ayotzinapa como expresión del hartazgo ante la impunidad y la complicidad entre autoridades y delincuentes.

No obstante, advirtió, el derecho a la protesta social no es absoluto y su límites son la afectación a terceros o la alteración del orden público, y en ese sentido se pronunció porque las protestas se mantengan dentro de los límites de la legalidad.

Reafirmó ante el Congreso su compromiso de hacer efectivo el derecho a la verdad y la reparación integral del daño a las víctimas, con la garantía de no repetición, así como de rendición de cuentas y sanción a los responsables.

El pasado 26 de septiembre la policía municipal de Iguala, por órdenes del alcalde, reprimió a estudiantes normalistas de Ayotzinapa, con saldo de seis muertos, más de una veintena de heridos y 43 docentes desaparecidos, a la postre asesinados por un grupo criminal en contubernio con las autoridades del territorio.

La víspera, el procurador general Jesús Murillo ofreció en conferencia de prensa evidencias y pruebas periciales y científicas según las cuales el gobierno mexicano considera a los 43 estudiantes como privados de libertad y de la vida.

Familiares de los normalistas rechazaron tales conclusiones y presentaron un pliego de 10 demandas para continuar con el caso abierto.

Editado por Nuria Barbosa León
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