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Examinan diputados franceses polémico proyecto de ley sobre inteligencia y espionaje

La Asamblea Nacional de Francia examina desde este lunes, hasta el venidero cinco de mayo, un polémico proyecto de ley sobre inteligencia que genera críticas

La Asamblea Nacional de Francia examina desde este lunes, hasta el venidero cinco de mayo, un polémico proyecto de ley sobre inteligencia que genera críticas

París, 13 abril (RHC) La Asamblea Nacional de Francia examina desde este lunes, hasta el venidero cinco de mayo, un polémico proyecto de ley sobre inteligencia que genera críticas de diferentes sectores de la sociedad.

Esa iniciativa forma parte del arsenal legal del gobierno francés para autorizar prácticas de espionajes, con el alegado objetivo de combatir el terrorismo, y de ser aprobada los agentes podrán vigilar a potenciales sospechosos con una autorización administrativa o incluso sin ella en caso de urgencia o riesgo inminente.

El proyecto permitirá la interceptación de todo tipo de comunicaciones, la colocación de micrófonos y cámaras, la escucha a través de receptores de dispositivos como ordenadores o móviles, así como la instalación en vehículos de dispositivos GPS.

Al defender un cuestionado proyecto de ley de inteligencia, el primer ministro francés, Manuel Valls, subrayó hoy el incremento del número de ciudadanos galos o residentes en este país implicados en redes terroristas.

El proyecto forma parte del arsenal legal impulsado por el Gobierno para autorizar prácticas de espionajes con el alegado objetivo de combatir el terrorismo, un mal que, según el Ejecutivo, es una elevada amenaza para la nación.

Según Valls, el Gobierno tiene censados a más de mil 550 franceses o residentes por su implicación en redes terrorista en Siria o Iraq, una cifra que representa casi el triple de lo registrado a comienzos de 2014.

Siete murieron al cometer atentados suicidas en esos países. El más joven no tenía 20 años, enfatizó ante la Asamblea Nacional donde se examina desde este lunes el mencionado proyecto.

El funcionario señaló que se trata de un fenómeno europeo porque se calcula que entre cinco mil y seis mil personas del llamado Viejo Continente están en dicha situación.

El proyecto genera críticas y manifestaciones de rechazo de diferentes sectores de la sociedad ya que plantea que los agentes podrán infiltrar y vigilar a potenciales terroristas utilizando diversas técnicas de espionaje con una autorización administrativa o incluso sin ella en caso de urgencia o riesgo inminente.

En la práctica podrán acceder a datos sobre conexiones o interceptar comunicaciones (llamadas telefónicas, correos electrónicos).

Eso incluye la escucha a través de receptores de dispositivos como ordenadores o móviles; la instalación en vehículos de balizas de localización por GPS; la interceptación de todo tipo de comunicaciones o la colocación de micrófonos y cámaras.

Desde los ataques perpetrados en París en enero pasado, el Gobierno francés insiste en hacer de la lucha contra el terrorismo una de sus principales directrices, con el objetivo de garantizar la seguridad nacional.

La censura de sitios web cuando considera que hacen apología del terrorismo es una de las medidas más recientes en ese sentido.

Desde el pasado 6 de febrero, por orden del Ejecutivo y sin control judicial, una autoridad administrativa tiene la potestad para demandar a los proveedores de los servicios de Internet, el bloqueo de portales que consideren promueven actos de ese tipo.

Las disposiciones generan crítica de los defensores de las libertades en el ciberespacio quienes argumentan la falta de garantías judiciales, por ser a menudo discutible si unas declaraciones constituyen apología del terrorismo o no.

También opinan que podría aumentar la probabilidad de que los dirigentes políticos franceses vayan añadiendo progresivamente nuevas restricciones.

El bloqueo de sitios sin intervención de judicial había sido votado en la nación gala en 2011, pero los decretos de aplicación no se habían publicado. En aquel entonces, solo concernía a las páginas que presentaban contenidos sobre pornografía infantil.

Analistas consideran hasta cierto punto contradictorio que el Gobierno impulse este tipo de medidas cuando desde el primer momento calificó los ataques de enero como un atentado contra la libertad de prensa y de expresión.

Editado por Nuria Barbosa León
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