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Admite presidente colombiano responsabilidad del estado por crimen en el palacio de justicia

Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos,

Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos,

Bogotá, 6 nov (RHC) El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ofreció disculpas a los familiares y las víctimas de los hechos ocurridos hace 30 años en el Palacio de Justicia, de Bogotá, en el que murieron casi un centenar de personas y se registraron 11 desaparecidos.

Tras reconocer la responsabilidad del Ejecutivo colombiano en ese suceso, expresó Santos que el gobierno violó el deber de respeto y garantía del derecho a la vida y a la integridad personal, al detener, torturar, realizar ejecuciones extrajudiciales y participar en la desaparición de varios ciudadanos, quienes se encontraban en el Palacio de Justicia el seis de noviembre de 1985.

De igual modo, afirmó el primer mandatario colombiano que su deber es pedir perdón y reconocer la responsabilidad estatal por la falta de esclarecimiento y retraso en el proceso de investigación de esos hechos.

Al referirse al proceso de paz desarrollado entre el Ejecutivo y las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, manifestó que no representa un pacto para terminar con la guerra bajo determinadas condiciones, sino tiene como centro la justicia para las víctimas del conflicto armado.

Familiares de los colombianos desaparecidos, aniquilados por el fuego cruzado o ejecutados extrajudicialmente durante el holocausto del Palacio de Justicia exigieron impulsar las pesquisas para esclarecer la verdad y hallar a los responsables de esos acontecimientos.

Durante un acto en la sede del poder judicial, padres, hijas y otros parientes de las víctimas demandaron celeridad en las investigaciones y el rastreo de los restos mortales como medidas elementales de sanación y tributo a la memoria de esas personas.

Esta ceremonia es solamente el cumplimiento por parte del Estado de uno de los puntos contenidos en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaró a Prensa Latina Miriam Suspes, hermana de uno de los trabajadores del Palacio de Justicia cuyo cuerpo no ha sido encontrado.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, reconoció este viernes la responsabilidad del Gobierno de la época en los sangrientos acontecimientos del 6 y 7 de noviembre de 1985, que dejaron como saldo 94 muertos y una docena de desaparecidos.

Nos enteramos de la noticia por la radio así que llamamos al Palacio de Justicia pero ante la imposibilidad de localizar por teléfono a David, decidimos correr hasta ese sitio, a donde no pudimos ingresar pues estaba acordonado, comentó Suspes.

El joven (David Suspes) era el chef de la cafetería que brindaba servicio a los magistrados y visitantes.

Luego de la infructuosa odisea para obtener noticias en hospitales, unidades castrenses y Medicina Legal comprendimos al cabo de una semana que algo terrible había sucedido, no obstante pasó toda una década hasta que logré aceptar que estaba muerto, que no regresaría, añadió la mujer de 49 años de edad.

En la ceremonia el mandatario admitió dilaciones en el proceso de investigaciones y localización de aquellos cuyo paradero resulta aún desconocido, adicionalmente mencionó como graves violaciones gubernamentales el incumplimiento entonces del deber de proteger a la población.

Santos reprobó, además, hechos asociados al sangriento episodio entre ellos la detención arbitraria de ciudadanos, torturas y otros tratos crueles acompañados de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, todos perpetrados por la Fuerza Pública.

Deseamos que este acto no sea solamente el cumplimiento de una sentencia de la CIDH, que pidió reparar a los familiares de las víctimas con un reconocimiento público de culpabilidad, sino el compromiso serio para ayudarnos en esta cruzada por la verdad y la búsqueda de los cadáveres de nuestros seres queridos, insistió Suspes.

El 6 de noviembre de 1985 integrantes del grupo guerrillero M-19, ya desmovilizado, asaltaron el Palacio de Justicia, edificio recuperado por tropas militares al siguiente día en medio de cruentos combates.

La CIDH responsabilizó al Gobierno por el uso excesivo de la fuerza en esos momentos, pese a los llamados de cese el fuego proferidos por magistrados y otros testigos presenciales quienes confiaban en la posibilidad de una negociación entre ambas partes beligerantes.

Según varios oradores de la ceremonia, las demoras e indolencia de los tribunales colombianos obligaron a trasladar el caso a cortes internacionales.

Rara vez las palomas de la cercana plaza Bolívar descansan en el Palacio de Justicia, imagino que por desconfianza o frustración; afirmó el presidente de la Corte Suprema, José Leónidas Busto, quien llamó (al Ejecutivo y a la insurgencia) a silenciar todos los fusiles camino a la definitiva paz de Colombia.

Editado por Nuria Barbosa León
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