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Protestan sindicatos argentinos contra despidos masivos

Presidente de Argentina, Mauricio Macri,

Presidente de Argentina, Mauricio Macri,

Buenos Aires, 6 ene (RHC) Gremios de trabajadores estatales protestan en Argentina en contra de los despidos masivos que tienen lugar en varias dependencias públicas e intendencias provinciales de ese país.

Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo, denunció la cesantía la víspera de más de 2000 empleados del Senado argentino decretada por la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien como titular de la cámara alta creó también una comisión para investigar los casos.

Al respecto, denunció el dirigente sindical que los despidos no poseen basamento jurídico y responden a motivaciones políticas, mientras líderes de varios gremios de la sección del Congreso consideran la medida un avasallamiento a los derechos de los trabajadores estatales y sus familias.

No obstante, el ministro argentino de Gestión y Modernización, Andrés Ibarra, reiteró la decisión del gobierno de Maurico Macri de revisar cerca de 64 000 contrataciones en dependencias públicas, realizadas en los últimos tres años, durante el mandato de la expresidenta Cristina Fernández.

También se divulgó que el gobierno de Mauricio Macri pudiera intervenir el Archivo Nacional de la Memoria, donde se encuentra valiosa información sobre la violación de los derechos humanos en Argentina, alertó el presidente de esa institución, Horacio Pietragalla.

"Van a intervenir el Archivo Nacional de la Memoria; en este lugar hay archivos personales que muchos familiares cedieron a un proyecto de país", denunció el exdiputado Pietragalla, quien es hijo de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

Pietragalla es además uno de los 119 nietos recuperados, colaborador de la organización Abuelas de Plaza de Mayo y secretario de Derechos Humanos de la agrupación juvenil política La Cámpora.

El ahora titular de la respetable institución remarcó que quienes hoy están en el gobierno quieren controlar la información del Archivo de la Memoria cuando una comisión bicameral del Congreso se apresta a investigar la responsabilidad económica y empresarial en el terrorismo de Estado que vivió Argentina de 1976 a 1983.

El excanciller Héctor Timerman se sumó a la protesta en las redes sociales. "No a la intervención del Archivo Nacional de la Memoria. Solidaridad con @pietragallahora y todos los trabajadores", tuiteó.

En otro texto más largo que subió a su cuenta en Facebook, el exministro de Relaciones Exteriores reseñó que "durante los años que fui Canciller trabajamos muy intensamente con el Archivo Nacional de la Memoria. Conseguimos que Italia nos entregue toda la documentación de la cancillería italiana sobre violaciones a los DDHH durante la dictadura".

Agregó que también "comenzamos programas de cooperación con Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil para investigar las consecuencias del Plan Cóndor".

La seriedad del trabajo del Archivo -afirmó- es reconocida en el mundo entero y muchos países han pedido asesoramiento. "Es injusto intervenir el Archivo. No hay razones para desplazar a gente capaz y comprometida con la Memoria".

"Sólo se explica si buscan paralizar su excelente trabajo. No a la intervención. Mi solidaridad con Horacio Pietragalla y el equipo del Archivo", concluye Timerman en su nota.

El Archivo Nacional de la Memoria, ubicado en el predio de lo que fue la tenebrosa Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), se creó en 2003 con la finalidad de preservar, conservar y difundir documentación para contribuir a que "Nunca Más vuelva a perpetrarse el terrorismo de Estado en Argentina".

Los objetivos de la institución, que se encuentra bajo la égida del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se articulan mediante la generación de acciones conjuntas con las diferentes jurisdicciones a nivel nacional, así como con los países del Mercosur en el plano internacional.

Se encarga de obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometido el Estado argentino y entidades de carácter civil.

Editado por Nuria Barbosa León
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