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Por: Roberto Morejón

Con el alborozo del presidente Javier Milei y de otros exponentes de la derecha, la Corte Suprema de Argentina confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la ex jefa de Estado Cristina Fernández. 

En una decisión adoptada en tiempo récord y soportada por una polémica herramienta legal que rechazó los recursos extraordinarios presentados por la defensa, la Corte evitó pronunciarse sobre la inocencia o culpabilidad de la ex presidenta, pero dejó firme la condena dictada por una instancia inferior. 

La imputación es nada menos que por hallarla responsable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, como parte de la llamada causa Vialidad, aunque un juzgado local la había archivado porque no vio delito. 

Valorado por juristas y organizaciones sociales y políticas como un fallo absurdo, en Argentina se abre paso el epílogo de un lawfare sin disimulos.

Tal y como ocurrió en Ecuador con Rafael Correa y en Brasil con Luiz Inacio Lula Da Silva, en Argentina las fuerzas de derecha, macristas y la élite económica cercaron a Cristina, pues estaba en las listas para competir en las elecciones legislativas bonaerenses de septiembre.   

Para la ex dignataria, quien ha afrontado la adversidad con suma valentía, el desenlace en la Corte Suprema representa la culminación de una persecución judicial de más de una década.    

La sentencia implica para ella un intento por desarticular la organización popular en Argentina que responde a la conducta de tres jueces, a quienes calificó de monigotes, pues reaccionan ante mandos naturales, o sea, el poder económico.

El mismo poder que, según la dos veces presidenta, a los pocos días del intento de asesinato contra su persona tituló: “La bala que no salió, el fallo que sí saldrá”. 

Como era de esperar, el Partido Justicialista, del que Cristina es titular, reaccionó enérgicamente a la condena y miles de personas protestaron en varias ciudades. 

El gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Ziliotto, fue muy claro: el laudo suma más desprestigio social a un poder del Estado que privilegia intereses políticos sectoriales por encima del estricto cumplimiento del rol constitucional.

Muchos argentinos consideran que a la denuncia en las calles debe unirse igual acción ante otras instituciones como el Consejo de la ONU para los Derechos Humanos.