Foto: Radio 26

Por: Maritza Gutiérrez

Instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1956, consagrado a la fraternidad y a la comprensión entre los niños y las niñas del mundo entero, este dia cada país está llamado a  promover actividades que involucren de manera directa a los más pequeños de cada casa.

A propósito de esta celebración, Cuba llega a este dia enfrascada en un proceso de consulta especializada y con la población para enriquecer su anteproyecto de  Ley, el Código de niñez, adolescencias y juventudes.

El Anteproyecto es  resultado del  trabajo conjunto entre los organismos de la Administración Central del Estado, las organizaciones, instituciones y expertos en temas vinculados a la atención a la Niñez, las Adolescencias y Juventudes.

La norma cumple con la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual el Estado cubano es signatario desde el 26 de enero de 1990,  y resulta de obligada observancia y aplicación directa en la toma de decisiones sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, según lo previsto en el artículo 8 de la Constitución de la República de Cuba, ratificada el 21 de agosto de 1991

El Artículo 5 del Anteproyecto expresa los principios que rigen los derechos de la niñez, adolescencias y juventudes establece un marco fundamental para garantizar la protección, atención y participación activa de estos grupos. Basado en la dignidad, humanismo y justicia, este artículo resalta la importancia de valores supremos que deben guiar las políticas y acciones hacia los más jóvenes, asegurando que cada uno de ellos reciba el mismo trato y protección sin ningún tipo de discriminación.

El principio de igualdad y no discriminación es crucial, ya que establece que todos los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a gozar de las mismas libertades y oportunidades, independientemente de sus características personales o familiares. Esto implica una responsabilidad social y estatal para eliminar cualquier barrera que impida su pleno desarrollo. La inclusión de múltiples factores de discriminación, desde el color de la piel hasta la orientación sexual, subraya la necesidad de un enfoque holístico en la defensa de sus derechos.

Además, el principio de equidad y justicia social otorga a los niños y adolescentes no solo el derecho a la igualdad en términos de oportunidades, sino que también reconoce la necesidad de un enfoque diferenciador para aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables. Este enfoque permite atender las particularidades y necesidades específicas de cada individuo, promoviendo así una verdadera equidad en el acceso a derechos y recursos.

La integralidad en la protección de los derechos es otro pilar importante. Reconocer a los menores como sujetos plenos de derechos implica que su bienestar debe ser considerado en todos los ámbitos de su vida. Esto requiere la colaboración activa de diversas instituciones y agentes sociales, asegurando que cada niño y adolescente reciba la atención que merece en todos los contextos en los que interactúa.

La participación social de las juventudes es un aspecto igualmente relevante. Permitir que los jóvenes sean protagonistas en la identificación de sus propias necesidades y en los procesos de toma de decisiones es fundamental para fomentar un sentido de pertenencia y responsabilidad social. Esto no solo empodera a los jóvenes, sino que también enriquece el proceso democrático al incluir sus voces en la formulación de políticas y programas.

Asismismo, el principio de intersectorialidad destaca la importancia de un enfoque colaborativo entre diferentes actores sociales. La articulación de esfuerzos entre instituciones estatales y organizaciones civiles es esencial para crear un entorno que favorezca el desarrollo integral de la niñez y juventud. Cada uno de estos principios, en conjunto, forma un sólido fundamento para construir una sociedad más justa e inclusiva, donde el respeto por la dignidad humana sea la norma y no la excepción.