Imagen de archivo/RHC
Por: Alfredo García Almeida*
En el poco tiempo que lleva gobernando, el presidente, Donald Trump, tiene el mérito de haber convertido la Oficina Oval de la Casa Blanca, en centro de mando empresarial, sin ofrecer una justificación estratégica del cambio en política interna e internacional, algo que solo queda en su conciencia.
Después de zigzaguear en su política hacia Ucrania, calificar a la Unión Europea de “sanguijuelas”, que chupa la sangre a los Estados Unidos y las depredadoras amenazas de tomar el control del Canal de Panamá, Groenlandia, Gaza y Canadá, su último aporte fuera de protocolo como Jefe de Estado, ha sido llamar “loco” al presidente ruso, Vladimir Putin, y advertirle que “está jugando con fuego”, al negarse a detener los ataques contra Ucrania, al mismo tiempo que impulsaba en el Congreso la aprobación de un proyecto de ley clasista para recortes presupuestarios del Medicaid y SNAP, que Trump calificó como “una gran y hermosa factura”.
El pasado jueves, la Cámara de Representantes aprobó la ley por un solo voto de diferencia (215 a 214) y ahora queda en manos del Senado, donde los republicanos tienen también mayoría. De aprobarse, la ley daría lugar a los mayores recortes a Medicaid, programa que ofrece asistencia médica a quienes tienen menos ingresos en Estados Unidos. Además, el programa de alimentos, SNAP, (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) sufriría la mayor reducción en casi tres décadas. Esos ajustes pondrán en peligro a los niños, especialmente a los de comunidades latinas y otras comunidades históricamente marginadas.
Así lo revela un nuevo informe publicado por UnidosUS, AFL-CIO y First Focus on Children, que muestra que casi el 45% de los niños en Estados Unidos (34 millones) dependen de Medicaid y SNAP, para obtener atención médica esencial y alimentos. De ellos, 14 millones de niños dependen de los dos programas a la vez, lo que los expone a un doble riesgo de perder el acceso tanto a la atención médica como a la alimentación.
Según, Patricia Caro, periodista de El País, especializada en temas latinos y de inmigración, “los defensores de los derechos de los migrantes afirman que los cambios afectarán principalmente a los niños que son ciudadanos estadounidenses, pero cuyos padres son indocumentados o migrantes con permiso temporal para vivir en Estados Unidos. Un 12% de los niños estadounidenses, unos 9 millones, tiene al menos un padre que no es ciudadano. La ley retira los beneficios a quienes tienen un progenitor que no es ciudadano o que no tiene residencia permanente, lo que incluye a los refugiados, los que tienen asilo, los beneficiarios del TPS (Estatus de Protección Temporal) y los que llegaron siendo niños y forman parte del programa de DACA”.
Trump desdibuja el “sueño americano”. En la actualidad, uno de cada diez niños ciudadanos con padres estadounidenses (4%) carece de seguro médico, así como la mitad de los niños ciudadanos, con padres que no lo son (8%). Además del seguro médico y los cupones para alimentos, las familias migrantes donde los miembros no tengan un número de la seguridad social, van a perder las exenciones fiscales para hijos que el proyecto de ley fija en 2.500 dólares por hijo, lo que puede afectar a entre 2 y 4 millones de niños estadounidenses.
*periodista, analista internacional colaborador desde Mérida, Yucatán.
