Joel Saget / AFP
Por: Guillermo Alvarado
Recordarán quienes hayan tenido el placer de leer la obra de William Shakespeare titulada “El mercader de Venecia”, escrita hacia 1598, cómo el usurero Shylock pidió al comerciante Antonio como garantía para un préstamo una libra de su carne, cortada lo más cerca posible del corazón.
Parece un desatino, ¿verdad?, pero sucede que a más de cuatro siglos de distancia ciertas prácticas de intercambio desleal no sólo se repiten, sino que se perfeccionan.
Así se desprende de la denuncia hecha hace varias semanas y ratificada la víspera por el diario argentino Página 12, de que el conglomerado farmacéutico estadounidense Pfizer está imponiendo estrafalarias condiciones a países latinoamericanos, a cambio de venderles vacunas contra la covid-19.
Demanda, nada menos, que como garantía contra el costo de eventuales litigios legales, derivados de entregas tardías o daños ocasionados por las vacunas, los países ofrezcan sus activos soberanos, entre ellos edificios de embajadas, bases militares o reservas del Banco Central.
Es decir que no sólo prevé que habrá problemas jurídicos por el uso de sus inmunizantes, sino que encima pretende cubrirse las espaldas con las riquezas de las naciones que quieren comprarle sus productos.
Ya lo había dicho hace varias semanas el ahora exministro de salud de Argentina, Ginés González García, “No entendemos por qué Pfizer tiene tantas exigencias de inmunidad y prevención, es como si no le tuvieran fe a la vacuna” y en realidad eso es lo que parece.
Ahora, vean que curioso que un laboratorio farmacéutico, dedicado a producir y vender medicamentos por todo el mundo, exija como garantías precisamente a edificios de embajadas y bases militares de sus eventuales clientes.
Las reservas de los Bancos Centrales se entiende, porque es dinero, son valores, pero lo otro, huele raro, ¿no creen?
Aparte de esto, Pfizer y su colega Biontech no dicen que para financiar las investigaciones indispensables en la creación de la vacuna contra el SARS-CoV-2 recibieron de gobiernos y fundaciones nada menos que 200 millones de dólares, cifra revelada por la empresa de análisis Airfinity.
Las garantías exigidas han sido claros obstáculos para llevar a buen fin las negociaciones y, en consecuencia, impiden que países de mediano y bajo desarrollo pudiesen beneficiarse con los preparados de esa farmacéutica.
Y es que en realidad eso es lo más parecido a pedirles a cambio de sus servicios, una libra de su carne, cortada lo más cerca posible del corazón.
