Por: Guillermo Alvarado

En su primera conferencia de prensa luego de recuperar sus derechos políticos, el expresidente de Brasil y fundador del Partido de los Trabajadores, Luis Inacio Lula da Silva, aseguró que fue “víctima de la mayor mentira jurídica contada en 500 años de historia”.

Se refirió el dirigente sindical al absurdo proceso realizado en su contra por el antiguo juez Sergio Moro, en el marco de la operación conocida como Lava Jato, un pretexto para enviarlo a prisión e impedir su candidatura en las elecciones presidenciales de 2018, ganadas a la postre por Jair Bolsonaro.

Hace algunas semanas el mismo Lula escribió un artículo donde explica cómo funciona este nuevo tipo de persecución contra los líderes progresistas, que ya ha sido utilizado varias veces en América Latina.

Conocido por el término de “lawfare”, este acoso jurídico consiste en el uso del sistema judicial para interferir en la vida política de un país, siempre a favor de las clases dominantes o sectores corruptos que intentan a toda costa mantener sus privilegios e impunidad.

Afirma Lula que de esta manera los tribunales se han convertido en el medio por el que los derrotados en las urnas, buscan imponer sus intereses por encima de la soberanía popular.

Agrega en su texto el expresidente que el objetivo es criminalizar y destruir la política, tratando de instalar en las mentes la idea de que la corrupción es generalizada. Como en los tiempos que corren, dice, ya no es adecuada la destrucción física del adversario, lo que se ansía es su muerte legal y política.

Así se hizo en Paraguay contra el gobernante progresista Fernando Lugo; en Brasil se destituyó por estos medios a Dilma Rousseff, y en Argentina se intentó invalidar a Cristina Fernández inventando supuestos casos de corrupción en los que se le involucraba.

En el método juega un papel determinante la prensa, sea escrita, radial y televisiva de derecha, generalmente la más poderosa en la región, que inventa un hecho y lo divulga hasta el cansancio.

A partir de la noticia la policía o el Ministerio Público salen a buscar informaciones o testimonios que la sustenten y cuando esto no es posible, de todas maneras se encarrila, como ocurrió justamente con Lula da Silva.

En un momento determinado el juez Moro debió confesar que no tenía pruebas suficientes para condenarlo, pero siguió adelante hasta mandarlo a prisión por su “convicción interna” de que era culpable.

Lawfare, acoso judicial, o como se quiera llamarle, es una maniobra política inescrupulosa de la derecha que esta vez, afortunadamente, fue derrotada y como el clásico bumerang, se está volviendo contra sus autores.