En 2015 la Corte Constitucional prohibió el uso de esta sustancia. Foto: Archivo/RHC.

Por: María Josefina Arce

Viejo es el debate en Colombia sobre el uso contra los cultivos ilícitos de la hoja de coca del glifosato, un herbicida que la OMS, Organización Mundial de la Salud, ha manifestado puede ser cancerígeno para los seres humanos.

En 2015 la Corte Constitucional prohibió el uso de esta sustancia. Pero dos años después esa misma instancia abrió la puerta para su posible empleo  que, señaló,  debía estar vinculado al cumplimiento de seis requisitos.

Tras su llegada en 2018 a la presidencia, Iván Duque se pronunció a favor de su utilización como una herramienta en la lucha contra el narcotráfico, una iniciativa aplaudida por la administración del hoy ex presidente estadounidense Donald Trump, quien alentó a su homólogo colombiano a retomar esa práctica.

De hecho en las últimas horas Duque firmó un decreto del Ministerio de Justicia, en el que se establece como funcionaría la aspersión aérea de este polémico herbicida.

Y aunque el gobierno apuntó que el decreto no reactiva automáticamente la fumigación, ha generado gran preocupación entre los agricultores colombianos por las consecuencias económicas, medioambientales y sociales que puede ocasionar el empleo de esa sustancia química no selectiva.

De acuerdo con las autoridades, todavía el Consejo Nacional de Estupefacientes debe verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, pero no se descarta su aprobación pues la mayoría de sus miembros fueron designados por el mandatario.

Para los agricultores el estado llega a las olvidadas y empobrecidas zonas rurales, ahora también seriamente afectadas por la COVID 19, con el glifosato y no con programas económicos y sociales que mejoren las condiciones de vida.

Se vuelven a ignorar los acuerdos de paz suscritos en 2016 entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la otrora guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo. Uno de sus puntos incluye la sustitución de los cultivos ilícitos de hoja de coca, siempre de forma concertada con la comunidad y con la puesta en marcha de proyectos productivos.

El gobierno también desconoce la solicitud de siete relatores de la ONU, que el pasado año en una carta pidieron no regresar a las fumigaciones con glifosato.

En su misiva a Duque los relatores subrayaron que en los municipios donde se quiere reactivar está peligrosa actividad habitan fundamentalmente pueblos indígenas y afrocolombianos.

El debate sobre el glifosato vuelve a estar en el centro de la atención de la sociedad colombiana. Está latente otra vez el peligro de la destrucción de otros cultivos necesarios para la subsistencia de los campesinos, de la contaminación de las aguas y  de sus graves consecuencias para la salud humana por ser causa de cáncer, abortos espontáneos y enfermedades respiratorias.