Una manifestante sostiene un cartel durante una protesta en Bogotá, 12 de mayo de 2021
Raul Arboleda / AFP

Por: Guillermo Alvarado

Esta semana la población de Colombia que realiza manifestaciones masivas en prácticamente todo el país logró una victoria más en sus movilizaciones, cuando una comisión mixta del Senado y la Cámara de Diputados mandó al archivo una polémica iniciativa de reforma del sistema de salud.

Las protestas comenzaron hace 24 días con el propósito inicial de revertir una iniciativa del presidente del país, Iván Duque, que pretendía hacer cambios en el modelo fiscal que terminarían obligando a las capas medias y bajas a pagar más impuestos y daba privilegios fiscales a los más ricos.

En lugar de negociar, el ejecutivo lanzó contra la población al ejército y la policía, sobre todo al temible Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, que provocó varios muertos, heridos, detenidos arbitrariamente y agresiones sexuales, lo que radicalizó al movimiento.

Finalmente el proyecto fiscal tuvo que ser retirado por el gobernante, pero eso no aplacó los ánimos, enardecidos por la brutalidad policial y la impunidad que rodea a las fuerzas del orden.

En un momento muy delicado, al presidente se le ocurrió la peregrina idea de ordenar la utilización al máximo necesario de la fuerza pública, para desbloquear varias vías de comunicación cerradas por los manifestantes.

Fue en estas circunstancias de mucha tensión que Duque recibió un nuevo revés cuando, por 27 votos a favor y apenas 5 en contra, cayó la reforma de salud muy cuestionada no sólo por la ciudadanía, sino que también por el gremio médico.

La iniciativa tenía como fin último dejar en manos de particulares la atención a la población, con el pretexto de que están mejor preparadas para responder ante la actual y futuras emergencias sanitarias.

El centro del nuevo sistema estaría formado por las Empresas Promotoras de Salud, EPS, que ya existen y administran recursos del Estado, pero cobran por sus servicios.

La idea era preservar a las más de mayor capacidad y eliminar a las menos desarrolladas, para luego ir a la creación de empresas mixtas con hospitales públicos a cargo de municipalidades o gubernaturas, que poco a poco serían absorbidos hasta su privatización total.

Representantes de varias comunidades, así como algunos miembros del organismo legislativo, señalaban que la salud no puede ser vista como un negocio, sino como un derecho humano universal y gratuito.

Se trata, pues, de otra victoria del pueblo colombiano, que constata cómo la unidad y la decisión pueden dar marcha atrás a las políticas neoliberales que lesionan sus intereses y su futuro.