Por María Josefina Arce.
Once meses desde noviembre de 2019 estuvo en el poder el gobierno de facto de la ilegalmente autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, suficientes para ocasionar severos daños a la economía, dejar a Bolivia con una deuda externa e interna de 4 mil 800 millones de dólares y con casi dos millones de nuevos pobres.
Las autoridades golpistas ralentizaron el crecimiento económico. De hecho en ese tiempo el Producto Interno Bruto cayó 11, 1% y el déficit fiscal llegó a más de 12%.
Se obviaron las inversiones públicas que generan nuevos puestos de trabajo y el desempleo se disparó a casi 12 %, una cifra en la que también influyó la COVID 19 y las necesarias medidas de confinamiento, pero sin un respaldo de las autoridades a los sectores más vulnerables.
En el país se paralizaron más de 800 obras, que el nuevo gobierno que encabeza el presidente Luis Arce, elegido por el pueblo en las urnas en octubre pasado, señaló que se volverán a retomar para beneficio de todos los bolivianos.
Por demás, se favorecieron las empresas privadas, dejando en el olvido las públicas, lo que originó el cierre de muchas.
Al respecto el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, señaló que durante el gobierno de facto distintas empresas estatales quedaron al borde de la quiebra por la improvisación en el manejo del aparato productivo, la mentalidad neoliberal y la ausencia de inversión pública.
Un ejemplo es el de la Planta de Urea, el complejo petroquímico más grande de Bolivia, inaugurado en 2017 y ubicado en Cochabamba, que en solo un año perdió 257 millones de dólares y retiró 84% de sus trabajadores.
La realidad es que durante esos once meses se registró la desaceleración de importantes sectores económicos y la mala gestión de la emergencia sanitaria por la COVID 19 vino a dar la estocada final a la economía de Bolivia.
El nuevo gobierno se encontró además con otro problema, un préstamo de unos 320 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, gestionado irregularmente por el gobierno golpista en abril de 2020 para aparentemente luchar contra la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.
Pero Bolivia quiere mantener su independencia de organismos financieros como el FMI, fuentes de endeudamiento y ajustes en contra de los pueblos. Una soberanía financiera lograda durante el anterior mandato del MAS, Movimiento al Socialismo, de la mano del expresidente Evo Morales.
Por eso en febrero pasado el Banco Central de la nación suramericana anunció la devolución del millonario crédito por ser irregular y oneroso ante las condiciones financieras y que generó costos económicos adicionales y millonarios al estado.
Difícil es el reto que tiene el gobierno de Arce, la ineficiencia de la política económica y social de los golpistas frente a la pandemia ha dejado un escenario con un mayor número de pobres, profundización de las desigualdades y un aumento del endeudamiento interno y externo.
