Sonia Guajajara, coordinadora de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil. Foto/Pablo Albarenga

Por  Josefina Arce

Los pueblos indígenas de Brasil libran día a día una ardua batalla por su supervivencia. Depositarios de una ancestral sabiduría y de respeto por el medio ambiente,  luchan por proteger sus tierras y formas de vida, ante una violencia que se intensifica.

La invasión de sus territorios  ha cobrado mayor intensidad desde que llegó a la presidencia en 2019 Jair Bolsonaro, con un discurso racista y de odio que sin miramientos ofende. El cuestionado mandatario ha dicho que " los indios están evolucionando y cada vez más se parecen a un ser humano como nosotros".

Un discurso que también promueve la invasión de las ancestrales tierras, aunque obligado por las circunstancias prometió recientemente que no habrá actividades ilegales como la minería en las zonas indígenas.

Promesa formulada este año con total oportunismo, una semana después de que un juez de la Suprema Corte de Brasil ordenara al gobierno tomar las medidas necesarias para proteger a las comunidades autóctonas, también abandonadas a su suerte ante la COVID 19 y cuyo riesgo de contagio aumenta ante la intromisión en sus territorios.

Lo cierto es que han sido muchas las alertas de las tribus originarias por la tensión que se vive en sus áreas. La reserva de los Yanomamis, la mayor de Brasil y donde habitan unas 27 mil personas, sufrió por ejemplo, el pasado año la destrucción de 30% de su territorio por las actividades ilícitas.

Bolsonaro promete falsamente, pero la realidad es que el Congreso estudia dos proyectos de leyes que abren el camino para la explotación por madereros y mineros de esas regiones y además, intenta eliminar la larga historia de discriminación contra esas etnias.

El recurso jurídico 490, impulsado por Bolsonaro, pretende anular las demarcaciones de las tierras de las comunidades originarias para entregarlas al mercado.

La propuesta tiene una cláusula que plantea que sólo tendrán derecho a la tierra aquellos pueblos con posesión el 5 de octubre de 1998, fecha de promulgación de la Constitución, o en su defecto se hallaban en disputa judicial o conflicto directo con los invasores.

Los analistas estiman que este acápite borraría prácticamente toda una historia de expulsiones, traslados forzados y violencia contra estas poblaciones, en especial durante el periodo de dictadura de 1964 a 1985.

También se debate un proyecto de ley que altera radicalmente las reglas del licenciamiento para diversos tipos de actividades, lo que aumenta el riesgo de tragedias de gran impacto socioambiental.

Las tribus originarias no cesan en su lucha. A principios de este mes tomaron el techo del Congreso en protesta por los proyectos de leyes y en defensa de su autonomía, sus derechos y sus tierras.

Bolsonaro ha puesto en marcha una política de genocidio contra los indígenas. Pisotea sus prerrogativas y defiende a las empresas mineras, madereras y a los hacendados, haciendo caso omiso de las muertes provocadas por ese accionar.

Y en su irresponsable postura ante la COVID 19, que ya se ha cobrado más de medio millón de vidas en el país,  los pueblos indígenas han vuelto a ser los grandes perdedores. 

El coronavirus es una seria amenaza para esas comunidades. Decenas de miles han enfermado y los fallecidos rebasan la cifra de mil. La COVID 19 mató a los últimos representantes de la etnia Juma, cultura e idioma que nunca se recuperarán.

El gobierno de Bolsonaro atenta contra las raíces de la nación, su cultura y tradiciones. En su ignorancia desconoce la riqueza de esos pueblos, cuidadores de la Amazonia, tan vital para la vida. Quizás debería pensar en evolucionar y acabar de asumir que como presidente tiene el deber de velar por todos sus ciudadanos, sin exclusiones, pues todos son brasileños.