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Por María Josefina Arce.

Estados Unidos tiene varias obsesiones en América Latina y Nicaragua es una de ellas. Desde la llegada al poder en 1979 del FSLN, Frente Sandinista de Liberación Nacional, y su  retorno a la presidencia en 2007 el norteño país se ha empeñado en derrocar a la revolución sandinista.

Nicaragua, como Cuba y Venezuela, es también objeto de medidas coercitivas. En las últimas horas Washington impuso restricciones a los visados de 100 miembros de la Asamblea Nacional, funcionarios del sistema judicial y sus familiares.

Es una nueva acción, en la ya larga lista, para presionar e intentar desestabilizar al gobierno del presidente Daniel Ortega, reelegido por los nicaragüenses en las urnas en los comicios generales de noviembre de 2016 con más del 70% de los votos.

Múltiples son las vías a las que ha recurrido Estados Unidos en su guerra no declarada contra la revolución sandinista y que se remonta a la ilegal financiación en la década del 80 por el gobierno del entonces presidente Ronald Reagan a la contrarrevolución, entrenada por la CIA, Agencia Central de Inteligencia.

Aunque  la nación centroamericana  ya había sido objeto de la intromisión estadounidense en sus asuntos internos con las intervenciones militares de las primeras décadas del siglo pasado, uno de los tantos capítulos de la historia de injerencismo de Estados Unidos en la región.

Pero más recientemente bajo la administración del hoy ex presidente Donald Trump se promulgó la Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua, cuyo propósito era bloquear el acceso del país a préstamos de organismos financieros internacionales.

Fondos que el gobierno sandinista empleaba para programas sociales encaminados a mejorar las condiciones de vida de toda la población. Esas iniciativas, fruto del compromiso de las autoridades con el bienestar de los nicaragüenses, hicieron posible que la pobreza y la desigualdad se redujeran.

La FAO, Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ha reconocido el esfuerzo desplegado por el gobierno sandinista para disminuir estos indicadores y el avance del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Nicaragua hizo posible el acceso de todos a la educación, la salud y mantuvo en los últimos años un crecimiento económico sostenido de casi cinco por ciento, uno de los mayores del área y reconocido por organismos internacionales.

Pero la igualmente conocida Ley Nica busca asfixiar económicamente al país y borrar los logros sociales de la revolución sandinista.

La norma es además, como señalan los expertos,  un mecanismo para favorecer los intentos de derrocar al gobierno constitucional, mediante el apoyo a los medios de comunicación independientes y a los llamados grupos de derechos humanos.

Los ataques contra Nicaragua han arreciado en los últimos meses, ante la cercanía de los comicios generales de noviembre venidero. La maquinaria de engaños se ha puesto en marcha. La derecha, junto a Estados Unidos, no quiere una nueva victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional, una piedra en su bota colonialista.