Keiko Fujimori, / Luka González (AFP)

Por: Guillermo Alvarado

Después de perder por tercera ocasión consecutiva las elecciones presidenciales de Perú, Keiko Fujimori, hija del ex dictador Alberto Fujimori, vio llegar el día menos deseado de su vida, cuando este martes la justicia comience los preparativos para llevarla a juicio y, quizás, a la cárcel.

La candidata y líder del partido de derecha Fuerza Popular se aferró lo más que pudo a la posibilidad de un triunfo en los comicios, oportunidad que se le escapó por poco más de 40 mil votos, porque esta era la única manera de obtener cinco años de inmunidad.

Si la combinación de alcanzar la primera magistratura y conseguir una amplia mayoría en el Parlamento funcionaba, tendría al alcance de las manos anular todo el proceso y terminar su mandato sin sentir la pesada sombra de las rejas tras sus espaldas.

Ninguna de las dos cosas se produjo, porque ella quedó segunda en el balotaje, superada por el profesor Pedro Castillo, actual presidente, y su formación política sólo conquistó 24 escaños, de los 130 que integran el Congreso.

Así pues, hoy un tribunal iniciará la audiencia provisional del juicio contra la política peruana de 46 años, que forma parte de un grupo de acusados por un caso de corrupción vinculado a la empresa brasileña Odebrecht.

Se trata de un paso inicial donde el juez analizará todos los elementos y decidirá si acepta por completo, o sólo una parte de los alegatos de la fiscalía, un proceso que se puede extender durante varios días.

En concreto, a Keiko Fujimori se le señala por su presunta participación en los delitos de lavado de dinero, crimen organizado, obstrucción a la justicia y declaración falsa, por los que se le pide una condena total de 30 años y 10 meses de prisión.

En la causa también están involucrados su esposo, el ciudadano estadounidense Marck Vito Villanella y varios dirigentes de Fuerza Popular.

Aunque todos alegan inocencia, ya antiguos funcionarios de Odebrecht declararon ante la justicia que repartieron varios millones de dólares entre políticos peruanos, lo que incluye a cuatro expresidentes del país.

La semana pasada la fiscalía renunció al pedido de aplicar a la Fujimori prisión preventiva, situación en que ya estuvo con anterioridad hasta que fue beneficiada con la medida de libertad condicional, lo que le permitió participar en las elecciones presidenciales.

El padre de Keiko cumple una condena de 25 años de cárcel por graves violaciones a los derechos humanos y corrupción, cometidos durante su mandato de 1990 hasta noviembre del 2000, cuando el Congreso lo destituyó por incapacidad moral para gobernar. De tal palo, ¿tal astilla?