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Por: Guillermo Alvarado

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos determinó que 46 personas murieron durante las jornadas de protestas de este año en Colombia, de las que por lo menos 28 fueron responsabilidad directa de las fuerzas de seguridad.

Se trata de cifras muy por encima de las aceptadas por el gobierno del presidente Iván Duque, y que vienen a confirmar las denuncias que de manera reiterada han hecho organizaciones sociales y humanitarias, así como los familiares de las víctimas.

Como se recordará, en abril pasado comenzó un paro nacional para rechazar una reforma fiscal que aumentaba las cargas tributarias a las capas medias y bajas de la sociedad, a la vez que las aligeraba para las grandes empresas y los sectores acaudalados.

Las protestas ocurrieron en casi todo el país, pero en algunas ciudades como Bogotá, la capital, y Cali fueron reprimidas con fuerza desmesurada por el denominado Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, una fuerza élite de la policía que utilizó incluso armas de fuego contra los manifestantes.

El ejecutivo siempre trató de ocultar que se hubiesen cometido graves violaciones a los derechos humanos, pero las evidencias son contundentes.

Así lo señaló Juliette de Rivero, representante de la Alta Comisionada, quien aseguró que existen razones fundadas para sostener que hubo un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza contra la población.

Existen también otros diez casos de personas fallecidas que se atribuyen a grupos “no estatales”, es decir paramilitares, que realizaron ataques armados contra los manifestantes, sin que las autoridades hicieran nada para evitarlo.

La oficina concluyó que las víctimas fatales de estos hechos eran jóvenes de entre 17 y 26 años y la mayoría vivían en barrios pobres o eran de origen campesino, afrodescendientes, indígenas y desplazados internos por la violencia en las zonas rurales.

Asimismo, se reportaron violaciones y agresiones sexuales y en 16 de ellas los autores fueron miembros de la policía.

El gobierno derogó la citada reforma fiscal, pero las protestas continuaron para exigir mejores condiciones de vida y oportunidades de estudio o trabajo.

Falta saber cuál será la reacción del gobierno del presidente Duque, quien durante toda su gestión se ha dedicado a acusar a la vecina Venezuela de violar los derechos humanos de su población, sin presentar nunca pruebas concretas de sus alegatos.

Ahora tiene una viga clavada en su propio ojo y habrá que ver si aplica en su país las recetas que con tanto desparpajo recomienda a los demás.