FAO

Por: Maritza Gutierrez

Las acciones  del  estado y el gobierno cubanos para incentivar y garantizar una mayor producción de alimentos se manifiestan en las decisiones adoptadas para impulsar la agricultura, así como la política de comercialización de productos, entre otros.

No se trata de  acciones aisladas, sino que  forma parte del trabajo encaminado a crear las condiciones para fortalecer la seguridad alimentaria de toda la población, refrendado en el artículo 77 de la Constitución que establece que todas la personas tienen derecho a la alimentación sana y adecuada.

En este sentido, el más reciente informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) da cuenta de los  resultados más relevantes obtenidos por Cuba hasta el cierre de 2020  así como las prioridades para la cooperación  entre 2021 y 2024.

Desde que en el año 1978 se iniciara oficialmente la cooperación de la FAO en Cuba,  el país ha emprendido valiosas acciones  para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria.

En este sentido la cooperación entre Cuba y la FAO han marcado momentos importantes entre los que  sobresalen la aprobación del proyecto Mayor resiliencia climática de los hogares y comunidades rurales (IRES), la autorización del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional,  y la elaboración del Anteproyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentarias y Nutricional (SSAN), que ya está en la agenda legislativa de la asamblea nacional para su aprobación en  octubre de este año.

En declaraciones a la agencia cubana Prensa Latina, el representante de la FAO en Cuba,  Marcelo Resende,  destacó,  precisamente,  la prioridad que le otorga la nación caribeña  a este tema al incluirlo en su texto constitucional; el especialista  aseveró  que el hecho de reconocer el derecho a la alimentación en la Carta Magna no es habitual en la región, por lo que es un gran paso de avance que Cuba lo haya incluido en su Constitución y para concretarlo, para certificar el cómo hacerlo se necesita una ley, en este caso la Ley de SSAN, cuyo anteproyecto  está listo para su aprobación por la Asamblea Nacional  en octubre.

La Ley SSAN   registra dos áreas prioritarias: una dedicada a los sistemas alimentarios inclusivos contra la malnutrición, y establecerá pautas para un sistema de alimentación nacional en función de una alimentación saludable.

La ley va a tener capítulos importantes  sobre la  distribución de los alimentos, el  acopio, el  perfeccionando el sistema alimentario cubano, y será la pauta a seguir, junto a la Constitución,  por las instituciones del Estado.

La segunda área prioritaria de la Ley SSAN pone  énfasis en el enfrentamiento al cambio climático, el incremento de la resiliencia y el fortalecimiento de la gestión de reducción de riesgos de desastres en paisajes  productivos sostenibles.

A ello  se suma el inicio en la nación caribeña del proyecto Fortalecimiento de la gestión sostenible del Comité Nacional de CODEX, organismo establecido por la FAO y la Organización Mundial de la Salud para desarrollar normas alimentarias.