por María Josefina Arce

De golpista y anticonstitucional puede catalogarse la actuación de la actual Asamblea Nacional de Venezuela, en desacato, que a un año de su elección no ha hecho nada a favor del pueblo y por el contrario se ha dedicado a intentar desestabilizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Vale recordar que el Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato al parlamento, por haber desobedecido una sentencia de la sala electoral de ese ente judicial que le pidió no juramentar a 3 diputados contra los cuales existían denuncias de fraude electoral.

Pero la derecha no escuchó y siguió adelante con su circo, en aras de lograr lo que en realidad persigue, retomar el poder e implantar un programa neoliberal que eche por tierra los logros de la Revolución Bolivariana.

En este contexto, el órgano legislativo ha intentado por todos los medios destituir a Maduro, elegido democráticamente en las urnas por el pueblo venezolano. En las últimas horas la nueva directiva parlamentaria, escogida ilegalmente y encabezada por Julio Borges aprobó una resolución que declara el abandono del cargo del presidente Maduro, lo que ha sido calificado por varios sectores como un golpe de estado.

En una intervención en el hemiciclo el parlamentario chavista Pedro Carreño afirmó que la nueva junta no está facultada para llevar a cabo sesiones porque se instalaron en el marco de una asamblea ilegal; y si es ilegal toda la junta, todas las acciones que se deriven son igualmente ilegales...

Una maniobra política de esta índole también fue llevada a cabo el año pasado, cuando el entonces presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup, amenazó con un "juicio político" al primer mandatario, una figura que sin embargo, no aparece en la Constitución venezolana.

El Tribunal Supremo pidió a los parlamentarios de abstenerse de tomar decisiones que están fuera de las atribuciones que la Constitución otorga al Poder Legislativo.

En un comunicado el máximo tribunal de Venezuela reafirmó la prohibición a los diputados y diputadas de “convocar y realizar actos que alteren el orden público; instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos, así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico”.

Asimismo llamó al diálogo como única vía para resolver las diferencias políticas “en función de garantizar la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y de procurar la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo”.

De hecho la bancada oficialista también insistió en llevar adelante las conversaciones con la oposición, vía sobre la que en reiteradas ocasiones se ha pronunciado el ejecutivo como única posible para hallar soluciones pacíficas a los problemas que enfrenta el país.

Pero la derecha ha dejado bien claro cuál es su posición. No participó en el tercer encuentro de las conversaciones, que debía efectuarse en diciembre último, al tiempo que ha manifestado que no acudirá a la cita del próximo día 13.

La mayoría de los venezolanos afirma que la actual Asamblea Nacional no representa sus intereses y ha manifestado que hace falta un parlamento democrático, que legisle en favor de todos y no de unos pocos, y menos a favor de quienes atentan contra la tranquilidad, seguridad y bienestar de los ciudadanos.