Caracas, 8 sep (RHC) Jesús Faría, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), destacó la pertinencia del proyecto sugerido por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contra la guerra económica y para el desarrollo sostenible de la nación.

“Los anuncios apuntan de manera correcta en dos temas fundamentales: para frenar la especulación galopante que impacta gravemente y (…) recuperar el aparato productivo para una mayor estabilidad del sector social y político, y la reducción de la escasez', aseguró el diputado popular a Venezolana de Televisión (VTV).

Sobre La Ley de Abastecimiento Soberano y de Precios Acordados, opinó que debe ser revisada exhaustivamente, pues los controles deber ser flexibles y complementarse con más estimulación de la producción.

En ese sentido, Faría consideró necesario derrotar la imposición de la tasa ilegal cambiaria operada desde la ciudad norteamericana de Miami, a través de la página Dólar Today, por la cual comerciantes privados ajustan los precios de los productos en el país sudamericano.

De lo contrario, afirmó, será muy difícil estabilizar la economía nacional.

Sin embargo, el legislador reiteró que el presidente venezolano se encuentra en el camino correcto con las medidas anunciadas la víspera para desbloquear la economía.

Faría destacó al respecto el incremento de un 40 por ciento de las pensiones y del salario mínimo para compensar a la población afectada por una alta especulación.

De igual modo significó que la Asamblea Nacional Constituyente analizará las propuestas con el objetivo de mejorarlas, principalmente, las referidas a la autorización de la apertura de casas de cambio, y de promoción y protección a la inversión extranjera, explicó.

Por otra parte, exhortó el apoyo de las fuerzas revolucionarias a las iniciativas económicas, para así derrotar las pretensiones de la derecha de derrocar la Revolución bolivariana a través del daño al pueblo.

Una jornada de debate comenzará hoy en Venezuela sobre La Ley de Abastecimiento Soberano y de Precios Acordados, propuesta por el presidente Nicolás Maduro para el enfrentamiento de la guerra económica contra la nación sudamericana.

La iniciativa convoca a consultas populares con vista a la fijación de precios máximos para 50 productos esenciales y forma parte de un plan que pretende desbloquear la economía venezolana, presentado la víspera por Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Los debates sobre la denominada Ley del Plan 50 los organizarán la Gran Misión Abastecimiento Soberano y serán protagonizados por sectores productivos, distributivos, consumidores y el poder popular.

De los encuentros saldrá un nuevo sistema de fijación de los precios máximos de venta al público de 50 productos y servicios fundamentales en Venezuela, el cual tendrá al Estado como el principal fiscalizador.

Entre los rubros que serán regularizados están la leche, la harina de trigo para panadería, las pastas alimenticias, el pollo y algunas variedades de pescado como el atún y la sardina.

Además de La Ley de Abastecimiento Soberano y de Precios Acordados, el plan propuesto a la ANC por el mandatario venezolano incluye el establecimiento de la figura de fiscales provenientes de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y los Consejos Comunales, cuya función será vigilar los precios.

El Plan Económico Constituyente para desbloqueo de la Economía venezolana contiene también la Ley de la Promoción y Protección de la Inversión Extranjera, un nuevo régimen tributario para el desarrollo del Arco Minero del Orinoco y la creación del Consorcio Agroalimentario del Sur.

Comprende asimismo un régimen especial tributario para la protección social del pueblo y con vista a la aplicación de sanciones a los delitos como la especulación y el denominado bachaqueo

Por último, destaca dentro del programa gubernamental, la ley de impuestos para los grandes patrimonios surgidos a partir de la guerra cconómica.

En ese sentido, el presidente venezolano solicitó una investigación especial a la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional Constituyente, que en un lapso de 30 días debe informar sobre el origen y localización de las referidas riquezas.