Cámara de diputados de México. (Foto: PL)
Ciudad de México, 28 jun (RHC) El Senado de México aprobó en lo general y lo particular reformas a leyes para reforzar la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.
De acuerdo con la información difundida, la iniciativa –enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y que tras el visto bueno de la cámara alta pasó a los diputados- busca una mayor coordinación institucional entre fiscalías, intercambio de información y acceso a bases de datos.
Asimismo, impulsa mecanismos de respuesta más ágiles y eficaces que permitan atender de manera oportuna estos casos.
El dictamen mencionado modifica diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Ley General de Población.
Según lo divulgado, el proyecto modifica el término de procuradurías locales a fiscalías locales y considera a la Clave Única de Registro de Población (CURP) como elemento base de identificación de los ciudadanos.
Incorpora la Plataforma Única de Identidad con la intención de facilitar la búsqueda de desaparecidos, que tendrá conexión con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y registros administrativos.
El propósito reside en realizar búsquedas continuas y exhaustivas mediante la CURP, para detectar rápidamente posibles casos de desaparición y la respuesta inmediata de las autoridades, precisa un comunicado en el sitio oficial del Senado.
También establece la obligación por parte de las autoridades y particulares que, por sus funciones o actividades, tengan a su cargo datos biométricos o cualquier otro identificativo de personas, para que permitan la consulta de estos a la Fiscalía General de la República.
Además, a las fiscalías locales, las instituciones públicas que integran el Gabinete de Seguridad, así como al Centro Nacional de Inteligencia.
El proyecto dispone que los servicios periciales y forenses de la Federación o de los estados que tengan en resguardo un cuerpo o resto humano no identificado, previamente a la remisión a las fosas comunes, deberán practicar pruebas dactiloscópicas y genéticas para su identificación.
Asimismo, tendrán que registrar el resultado de las pruebas en el Banco Nacional de Datos Forenses, en un plazo no mayor a tres días contados a partir de la obtención del resultado, para lo cual podrán auxiliarse de instituciones públicas con infraestructura para realizarlas. (Fuente: PL)
