The Washington Post denuncia planes secretos contra migrantes en Estados Unidos

Editado por Maite González Martínez
2019-05-15 11:47:19

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Washington, 15 may (RHC) El diario The Washington Post develó planes secretos de la Casa Blanca para detener a miles de migrantes que viven en Estados Unidos.

La investigación incluye el testimonio de siete funcionarios y excolaboradores de Departamento de Seguridad Nacional, quienes advierten que el gobierno pretende crear un clima de miedo para disuadir a los indocumentados de entrar o asentarse en territorio norteamericano.

Los informantes denunciaron que el asesor principal de Donald Trump en ese campo, Stephen Miller, y el subdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Matthew Albence planearon arrestos masivos y dramáticos con el propósito de demostrar fuerza y atemorizar a quienes pretenden cruzar la frontera desde México.

La idea era implementar redadas altamente visibles en las 10 ciudades principales de destino de los migrantes centroamericanos, como entre otras Nueva York, Chicago y Los Ángeles. La planificación de estas operaciones calculó detener inicialmente 2.500 adultos y niños, pero el objetivo final sería de 10.000 migrantes.

El plan se concibió en septiembre y la presión para llevarlo a cabo se incrementó a medida que aumentaba la ira del presidente, quien, según los entrevistados, ordenó adoptar el enfoque más "duro" posible. Incluso, se trabajó en la aceleración de casos llevados a los tribunales para emitir una gran cantidad de órdenes de deportación.

Los arrestos previstos incluirían operativos contra padres con hijos en sus hogares y vecindarios. Eso motivaba preocupación en cuanto al manejo de familias cuyos niños fuesen ciudadanos estadounidenses, y también por la falta de espacio y de camas para mantener a los migrantes detenidos, entre otras cosas.

Finalmente, Kirstjen Nielsen, entonces todavía secretaria de Seguridad Nacional, y el exfuncionario de inmigración Ronald Vitiello detuvieron el proyecto por razones operativas y ante el riesgo de una fuerte indignación pública.

Sin embargo, otros funcionarios aclararon que las objeciones fueron por cuestiones logísticas y no éticas. (Fuente/RT)



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