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Brasilia, 19 jul (RHC) La orden del ministro de la Corte Suprema Alexandre de Moraes de colocar una tobillera electrónica de rastreo al expresidente Jair Bolsonaro, para evitar una posible fuga, despuntó en Brasil en la semana que termina hoy.
De Moraes impuso medidas cautelares que incluyen también la prohibición al político ultraderechista de acceder a redes sociales y restricción de movimiento.
Respaldadas por la Fiscalía General, tales disposiciones responden a indicios de que Bolsonaro intentaba evadir el proceso judicial que lo investiga por liderar un intento de golpe de Estado en 2022 para impedir la posesión del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
Durante los registros en su residencia capitalina, agentes de la Policía Federal decomisaron unos 14 mil dólares y ocho mil reales en efectivo (mil 440 dólares), recursos presuntamente vinculados al financiamiento de actividades de su hijo Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos, quien fomenta acciones ante el Gobierno de Donald Trump para presionar al Supremo Tribunal Federal (STF).
Bolsonaro deberá permanecer en su domicilio entre las 19:00 y 07:00 horas, no podrá comunicarse con diplomáticos extranjeros ni con otros investigados en el caso, y su ubicación será monitoreada las 24 horas mediante el dispositivo electrónico.
La decisión judicial afloró en medio de una crisis diplomática desatada por Trump, quien impuso aranceles del 50 por ciento a productos brasileños y exigió públicamente el archivo de la causa penal contra Bolsonaro, calificándola de «cacería de brujas».
En una carta divulgada el jueves, el republicano reiteró su apoyo al exgobernante y pidió el fin inmediato del proceso, acciones que la administración de Lula denunció como chantaje e injerencia en la soberanía nacional.
La corte superior mantiene abierta la acción penal contra Bolsonaro por cinco delitos, incluidos organización criminal y atentado contra el Estado Democrático de Derecho, tras encontrar evidencias como un decreto para anular los comicios de 2022, descubierto en 2023 en la casa de un exministro.
Su staff jurídico manifestó indignación por las medidas, alegando que siempre el expresidente cumplió con las órdenes judiciales.
El sonado caso refleja la tensión entre la independencia del sistema judicial brasileño y las presiones externas, reafirmando la postura del Gobierno de defender la autonomía nacional frente a intervenciones foráneas. (Fuente: Prensa Latina).
